Un análisis de la dependencia económica y política en América Latina
La reciente aceptación por parte del gobierno colombiano de las condiciones impuestas por Estados Unidos ha reavivado el debate sobre la verdadera autonomía de las naciones latinoamericanas. A través de un recorrido por la historia política de Colombia y testimonios relevantes, este artículo analiza las raíces de esta dependencia y las posibles vías para fortalecer la soberanía nacional.
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
![[Img #82502]](https://canarias-semanal.org/upload/images/01_2025/9664_carlos-serna-ciencias.jpg)
La reciente decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de aceptar sin apenas rechistar, las condiciones impuestas por Donald Trump respecto a la recepción de deportados, ha puesto en evidencia una realidad que está atravesando hoy a muchos países de América Latina: la soberanía política se encuentra en constante peligro cuando no cuenta con una organización popular sólida que la respalde.
La presión económica y las amenazas de sanciones suelen ser suficientes para que las potencias extranjeras dobleguen a gobiernos que, al depender de procesos electorales aislados, no logran consolidar un poder real frente a las oligarquías internas y las imposiciones externas.
La decisión de Petro al ceder ante las demandas de Estados Unidos refleja una problemática histórica: la vulnerabilidad de los países periféricos frente a las potencias hegemónicas. En el caso de Colombia, esta dinámica es especialmente evidente, debido a la estructura económica dependiente que la ha caracterizado durante décadas y a una historia política marcada por conflictos internos, injerencias extranjeras y desigualdades profundas.
Un breve recorrido por la historia política reciente de Colombia
Para comprender el contexto actual, es necesario mirar hacia atrás y analizar las transformaciones políticas y económicas de Colombia en los últimos 40 años. Durante la década de 1980, el país vivió una agudización de la violencia interna debido al auge de los carteles del narcotráfico y el fortalecimiento de las guerrillas, como las FARC y el M-19. En medio de este escenario, el Estado colombiano se mostró incapaz de controlar la situación, mientras las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, comenzaron a intervenir de manera más directa bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas”.
En 1991, la promulgación de una nueva Constitución pareció marcar un hito al establecer un Estado social de derecho y abrir paso a la participación política de sectores anteriormente excluidos. Sin embargo, esta transformación legal no fue suficiente para superar los problemas estructurales. Los años siguientes estuvieron marcados por la implementación de políticas neoliberales que fortalecieron la posición de las élites económicas y potenciaron las desigualdades sociales.
El inicio del siglo XXI trajo consigo nuevas dinámicas de conflicto. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), la política de “seguridad democrática” debilitó a las guerrillas mediante acciones militares agresivas, pero a un costo muy alto en términos de derechos humanos. Al mismo tiempo, Colombia se consolidó como un aliado estratégico de Estados Unidos, recibiendo millonarias ayudas económicas a cambio de alinearse con las directrices de Washington.
Con la llegada de Juan Manuel Santos (2010-2018), el enfoque cambió hacia la búsqueda de la paz. El acuerdo firmado con las FARC en 2016 parecía representar una leve esperanza de transformación, pero su implementación ha sido desigual y enfrentó una fuerte oposición por parte de la oligarquía.
La elección de Gustavo Petro en 2022 marcó un cambio histórico: por primera vez, un líder de izquierda asumió la presidencia. Sin embargo, su llegada al poder no modificó la estructura de dependencia económica y política que ha condicionado a Colombia desde hace décadas. Petro se enfrenta ahora a una encrucijada: implementar reformas que desafíen a las élites internas y externas o ceder ante las presiones que buscan mantener el statu quo.
La dependencia económica como herramienta de control
La relación entre Colombia y Estados Unidos ha estado marcada por una asimetría estructural que limita la soberanía del primero. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas, que incluyen productos clave como el café, las flores y el petróleo. Esta dependencia económica convierte al país en un objetivo fácil para las sanciones comerciales y financieras.
La reciente amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 25%, y eventualmente del 50%, a los productos colombianos es un ejemplo claro de cómo esta dependencia puede ser utilizada como herramienta de presión. Ante el riesgo de un impacto económico devastador, que habría afectado a sectores estratégicos y generado un descontento social significativo, el gobierno de Petro se vio obligado a aceptar las condiciones impuestas por Washington.
El canciller Luis Gilberto Murillo intentó presentar la decisión como un acto de pragmatismo diplomático, señalando que se buscará garantizar condiciones dignas para los deportados. Sin embargo, este episodio pone de manifiesto las limitaciones de un gobierno que, al no contar con una movilización popular sólida, enfrenta dificultades para resistir las imposiciones externas.
La oligarquía interna y las amenazas a la estabilidad
A las presiones externas se suma la influencia de la oligarquía colombiana, que controla los principales resortes económicos del país y actúa como un factor desestabilizador para cualquier gobierno que intente desafiar sus intereses. Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha enfrentado una oposición feroz por parte de las élites empresariales, los grandes medios de comunicación y sectores conservadores que ven en su agenda de reformas una amenaza a sus privilegios.
En este contexto, la posibilidad de un golpe de Estado, ya sea militar o político, nunca está fuera de la ecuación. La historia de América Latina está llena de ejemplos de líderes que, al intentar implementar políticas soberanas y redistributivas, fueron derrocados con el respaldo de las potencias extranjeras y las élites internas. Petro, consciente de este peligro, ha buscado mantener un equilibrio entre su discurso retoricamente antiimperialista y la necesidad de evitar confrontaciones que puedan desestabilizar su gobierno.
Testimonios que reflejan la realidad
Ernesto Samper, expresidente de Colombia, expresó recientemente su preocupación por la influencia de Estados Unidos en la política colombiana.
“No podemos seguir subordinando nuestras decisiones soberanas a las presiones externas. Es momento de fortalecer nuestra autonomía y buscar alianzas que respeten nuestra dignidad como nación”, afirmó en una entrevista reciente.
Por su parte, María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, señaló que la situación de Colombia es representativa de una problemática común en la región.
“Las economías dependientes y la falta de cohesión social interna facilitan la injerencia extranjera y limitan la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones soberanas”, comentó en un foro internacional sobre política latinoamericana.
Estos testimonios resaltan la importancia de construir una autonomía real, que no solo se base en la voluntad política de los líderes, sino también en el respaldo activo de la sociedad ci
Una soberanía en la «cuerda floja»
La reciente crisis entre Colombia y Estados Unidos pone de relieve las limitaciones de una soberanía que no se sustenta en una organización popular sólida. Sin una movilización social que respalde las decisiones del gobierno, los líderes progresistas se encuentran atrapados entre las presiones externas y las amenazas internas.
Para superar esta situación, sería necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo menos dependiente de las potencias hegemónicas y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. La historia reciente de Colombia, con sus sombras más que luces, enseña que la verdadera autonomía no se logra con pura retórica «antiimperialista», sino con la organización y el poder del pueblo.
