Dr. Fulgencio Severino
Para disminuir el gasto de bolsillo el gobierno debe duplicar la inversión pública en salud. Esto permitirá fortalecer la atención en los hospitales públicos, garantizar el acceso a medicamentos y reducir la alta proporción de recursos económicos que manejan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) al gestionar el Seguro Familiar de Salud.
El principal problema que enfrentan los pacientes del régimen subsidiado es la falta de acceso a medicamentos. A más de 5.5 millones de afiliados no se les destina ni un centavo para este propósito, una violación flagrante de la ley. Esta población, que representa más del 50% del país y está compuesta por los ciudadanos más pobres, es la que gasta gran parte de sus escasos ingresos a comprar medicamentos y a realizarse procedimientos diagnósticos o terapéuticos que los hospitales públicos no pueden ofrecer.
El gobierno es el principal responsable del alto gasto de bolsillo de esta población. Tanto el presidente, los ministros como el SENASA tienen la responsabilidad directa en este problema que afecta a nuestro país.
El gasto de bolsillo de estas personas no solo las empobrece aún más, sino que también las expone a mayores complicaciones de salud y tasas de mortalidad. Por ejemplo, el tratamiento de insuficiencia cardíaca cuesta más de RD$10,000 pesos mensuales. Muchas de estas personas no pueden costearlo, lo que provoca hospitalizaciones frecuentes y muertes prematuras.
Es responsabilidad del gobierno garantizar que esta población tenga acceso a medicamentos y servicios médicos de calidad. Esto incluye aumentar la inversión en salud pública, dotar a los hospitales de equipos y laboratorios adecuados, y cubrir procedimientos esenciales como tomografías o resonancias magnéticas, que hoy en día son inaccesibles para el régimen subsidiado.
Son esas deficiencias, negaciones del derecho a la salud y violación de la ley, lo que incide en el enorme gasto de bolsillo de la población de régimen subsidiado.
Por otra parte, en el gobierno predomina una orientación hacia la privatización de los servicios de salud, favoreciendo el negocio privado. Esta política mantiene a los hospitales públicos con baja capacidad operativa, mientras que SENASA paga tarifas insuficientes que no cubren los costos reales. Al mismo tiempo, se destinan recursos para cubrir procedimientos en centros privados a tarifas hasta 500% más altas.
Esto provoca que muchos procedimientos que podrían realizarse en hospitales públicos sean cobrados a los pacientes o, en algunos casos, simplemente se dejen de ofrecer. Como resultado, muchas personas de escasos recursos deben buscar alternativas en el sector privado, enfrentando gastos que no pueden asumir.
Esto refleja una problemática estructural en todo el gobierno, donde convergen una baja inversión en salud, la asignación insuficiente de recursos económicos a los hospitales, la negativa de SENASA a cubrir procedimientos del PDSS que sí se realizan en los hospitales, y la implementación de tarifas bajas y discriminatorias en comparación con el sector privado. Estas fallas perpetúan desigualdades y limitan el acceso a servicios de calidad para la población más vulnerable.
Propuestas para una solución estructural
- Sustitución del PDSS por el PBS:
El Plan de Servicios de Salud (PDSS) debe ser reemplazado por el Plan Básico de Salud (PBS) para evitar que las ARS continúen negando ciertos procedimientos y medicamentos.
- Regulación de las ARS:
Las ARS deben ser obligadas a destinar una mayor proporción de sus recursos a la cobertura de medicamentos y procedimientos.
El señor Ceara Hatton sabe que RD$12,000 pesos anuales en medicamentos son insuficientes para cubrir el gasto de un asegurado. En el país, se gastan más de RD$50,000 millones de pesos en medicamentos, de los cuales las ARS apenas cubren RD$6,000 millones. Esto significa que la población debe buscar más de RD$44,000 millones de pesos de sus bolsillos para cubrir los medicamentos, una carga económica insostenible.
- Acceso al primer nivel de atención:
Es fundamental garantizar que los prestadores de servicios de salud tengan códigos asignados y tarifas claras, evitando que las ARS limiten la afiliación o nieguen servicios.
Muchos procedimientos son negados a los pacientes por las ARS, lo que obliga a la población a cubrirlos de su propio bolsillo.
Es necesario abandonar la politiquería y que el gobierno asuma con sinceridad el compromiso de garantizar el derecho a la salud, comenzando por abordar los problemas más urgentes.
El señor Hatton debe exigir a las ARS la afiliación de los prestadores interesados en ofrecer servicios, asegurándose que cumplan con las normas correspondientes.
Es necesario definir si se impulsará la contratación de prestadores globales, estableciendo un modelo de pago por cápita basado en la población asignada a cada prestador. Sin embargo, la Sisalril no tiene competencia para gestionar este tipo de acuerdos, por lo que dependerá de la voluntad de las ARS y los prestadores negociar e implementar este esquema.
Impacto del sistema actual
El sistema actual fomenta el gasto privado, obligando a muchas personas a adquirir planes complementarios o a pagar de su bolsillo por servicios que deberían estar cubiertos. Este problema afecta especialmente a los pensionados, quienes se ven forzados a contratar seguros adicionales debido a las redes limitadas de prestadores.
Conclusión
Mejorar el acceso a la salud y reducir el gasto de bolsillo requiere una mayor inversión pública, la sustitución del PDSS por el PBS y una redistribución equitativa de los recursos que actualmente controlan las ARS. Si el seño Ceara Hatton desea realmente abordar las principales quejas del sistema, debe enfocar sus esfuerzos en estas áreas prioritarias. Solo así podremos garantizar el derecho universal a la salud.
Fulgencio Severino
17 diciembre 2024
