Por Gabriel Adrian
El Poder Judicial peruano acaba de condenar por terrorismo a supuestos miembros del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) a penas de entre 15 y 20 años. Para tal objetivo, el tribunal ha recurrido al reino de la fantasía. Los jueces afirman que el MOVADEF fue creado por Abimael Guzmán, jefe del Partido Comunista del Perú (PCP), conocido como Sendero Luminoso y que el mismo coordinaba acciones armadas en el Alto Huallaga con la facción del camarada “Artemio” hasta el 2012. Por lo tanto, el MOVADEF habría apoyado acciones “terroristas”. (1)
Esta argumentación resulta completamente absurda, considerando que en 1993 Guzmán capituló, llamó a deponer las armas y promovió la búsqueda de un acuerdo de paz. Los grupos disidentes que continuaron operando en el VRAE y el Alto Huallaga (en la selva peruana) se oponían a la línea de Guzmán. La distancia entre la antigua cúpula de Sendero Luminoso y las fuerzas de “Artemio” se evidencia en que la cúpula senderista calificaba la línea del Huallaga como una “línea militar burguesa” (2). Abimael Guzmán, en su esfuerzo por congraciarse con el régimen de Fujimori y alcanzar un acuerdo de paz, no solo exhortó a deponer las armas, sino que sus seguidores incluso denunciaron a la policía a quienes rechazaban el acuerdo. En las cárceles, los “acuerdistas” también señalaban a los opositores internos al acuerdo, quienes sufrían torturas y abusos a manos de los carceleros. Resulta completamente ilógico afirmar que la cúpula de Sendero coordinaba las acciones en el Huallaga; ¿cómo podría hacerlo desde una prisión de máxima seguridad?
El tribunal da por probado que la cúpula de Sendero Luminoso creó el MOVADEF, basándose en el hallazgo de documentos en las celdas de Abimael Guzmán y otros miembros de Sendero Luminoso sobre la fundación de dicho movimiento. Sin embargo, en estos documentos no se menciona que el MOVADEF haya sido fundado por orden directa de Sendero Luminoso.
El tribunal también apoya su decisión en las declaraciones de supuestos “colaboradores eficaces” que afirman haber visto a miembros del MOVADEF con “Artemio” en el Huallaga, y que incluso él les habría entregado dinero. Para probar el contacto entre el MOVADEF y las fuerzas de “Artemio” en 2012, el tribunal se basa en los testimonios de estos “colaboradores eficaces”. Bajo esta nomenclatura se encuentran personas que denuncian a otras a cambio de beneficios personales. La figura del “colaborador eficaz” representa una aberración jurídica, ya que quien acusa lo hace con el objetivo de obtener un beneficio propio, lo que resta objetividad a su testimonio. Esto se evidenció ampliamente en los años 1990, cuando cientos de personas fueron encarceladas tras ser señaladas por “arrepentidos” como miembros de las guerrillas del PCP o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La jurisprudencia peruana ha establecido que la acusación de un “colaborador eficaz” no es suficiente para probar la culpabilidad de un acusado. Incluso si diez “colaboradores eficaces” acusan a una persona, si no existen otros medios probatorios como fotos, filmaciones, cartas, etc., la acusación (es decir, la denuncia) no basta para condenar a alguien. Este es el caso de los procesados en el operativo Perseo. Solo dos “colaboradores eficaces” afirman haber visto a miembros del MOVADEF en el Huallaga, en la selva peruana, reunidos con las fuerzas de “Artemio” e incluso haber recibido dinero de él. No hay nada más: no existen fotos o grabaciones que prueben este encuentro. El encono con que el Estado peruano persigue al MOVADEF permite suponer que los “colaboradores eficaces” podrían haber sido fabricados. La convivencia entre la policía, la fiscalía y la procuraduría da lugar a estas presunciones. En enero de 2022, el congresista Guillermo Bermejo fue absuelto de la acusación de pertenecer a Sendero Luminoso (sic) porque el tribunal consideró que la acusación de tres “colaboradores eficaces” no era suficiente si no existían otras pruebas que corroboraran estas declaraciones (3).
Es importante señalar que la investigación ha sido llevada a cabo por la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), una institución conocida en los años 1980 y 1990 por su lucha contra las guerrillas y por sembrar “pruebas” para incriminar a detenidos, así como por obtener declaraciones mediante torturas que no pocas veces terminaron en la muerte de los torturados. Los sobrevivientes de las mazmorras de la DIRCOTE relatan el sadismo con el que los agentes policiales los torturaban, llegando incluso a realizar “fiestas de tortura”, con música, licor y celebraciones en torno a las torturas. Hasta el informe final de la Comisión de la Verdad, que se esforzó en limpiar la imagen de las fuerzas armadas y policiales, menciona que en la DIRCOTE se practicaba la tortura sistemáticamente (4). Esta institución es la encargada de recopilar pruebas en el operativo Perseo.
Con esta sentencia, el tribunal viola principios fundamentales del debido proceso. Se transgrede el principio de legalidad, ya que los hechos imputados no se encuentran tipificados penalmente. Ni Sendero Luminoso, si es que se puede afirmar que aún existe tras el llamado a la paz de Guzmán en 1993, ni el MOVADEF han ejecutado o planeado acciones armadas. En este sentido, no se les puede acusar de terrorismo ni condenar por un delito que no han cometido.
La decisión del tribunal demuestra la falta de separación de poderes en el Perú, una condición esencial para un estado de derecho. El Poder Judicial actúa conforme a los intereses del Poder Ejecutivo. Especialmente en el caso de la persecución de cualquier elemento asociado a lo que fue Sendero Luminoso, todos los poderes del Estado se alinean para incriminar, criminalizar y perseguir a quienes asocian con la antigua guerrilla, aunque esta haya dejado de existir hace más de 25 años. ¿Por qué actúa de esta manera el Estado peruano? Cuando cayó el régimen de Fujimori y su aparato de corrupción, las fuerzas armadas deberían haber quedado en desgracia, ya que respaldaron un régimen autoritario y corrupto. Las élites (partidos polítcos y grupos de poder económico) pudieron y debieron haberles restado poder en la estructura del estado. Sin embargo, las élites se encargaron de legitimar a las fuerzas armadas, que continuaron siendo vistas como salvadoras del país frente al “terrorismo”, y conservaron sus privilegios y prebendas. Las fuerzas armadas y la policía estaban sumergidas en casos de corrupción, pero las élites peruanas no mostraron interés en un proyecto democratizador; al contrario, querían preservar el modelo neoliberal fujimorista que beneficia al gran capital. Para ello, necesitan fuerzas armadas y policiales que repriman la protesta social.
El hecho de que se hayan mantenido todas las leyes para combatir la subversión es una prueba más de ello. No solo se han conservado las leyes antiterroristas, sino que se han ampliado y ahora se aplican para reprimir la protesta social. Activistas antimineros, ambientalistas, miembros de comunidades indígenas que se oponen al gran capital o sindicalistas son procesados bajo estas leyes antiterroristas.
Lo dramático es que no solo las élites mantuvieron el poder de las fuerzas armadas y policiales, sino que sectores que se consideran progresistas o de izquierda no hicieron nada para restarles legitimidad o desmantelar el aparato jurídico represivo antiterrorista. Asimismo, han permanecido en silencio ante atropellos al estado de derecho, como el cometido por el Poder Judicial en el caso Perseo. Ni la Coordinadora de Derechos Humanos ni sus organizaciones miembros se han pronunciado sobre el escándalo jurídico que representa la sentencia Perseo. Estas organizaciones de derechos humanos y los partidos de la izquierda parlamentaria no solo han guardado silencio, sino que incluso han aplaudido la persecución política de ciudadanos asociados a Sendero Luminoso, conscientes de que la guerrilla maoísta ya no existe, y de que el Estado peruano practica persecución política y encarcela injustamente a ciudadanos.
Desde esta tribuna denunciamos las leyes antiterroristas del estado peruano y la práctica criminalizadora del Poder Judicial. La sentencia Perseo no hace sino reforzar la persecusión política contra la protesta social. Convocamos a las fuerzas nuestro pueblo, progresistas y de izquierda a combatir esta política fascistoide del estado peruano, hoy bajo la batuta de Dina Boluarte.
Notas:
(1) Desde la tribuna de El Diario Internacional siempre nos hemos opuesto a la línea capituladora de Abimael Guzmán y su Comité Central de llamar en 1993 a un acuerdo de paz con el Estado peruano y sus fuerzas represivas. Sin embargo, tenemos que denunciar la persecusión política que se hace de ciudadanos por solo hecho de opinar y querer participar en la vida política del Perú.
(2) Ver artículo sobre Sendero Luminoso en 2011:
http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article3217
(3) https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/580541-sala-penal-superior-nacional-transitoria-absuelve-a-guillermo-bermejo-por-insuficiencia-de-pruebas/
(4) Ver capítulo „La tortura y otros o penas crueles, inhumanos o degradantes” del Informe Final de la Comisión de la Verdad, a partir de página 222: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.4.LA%20TORTURA.pdf
http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article4532
