El Ecuador se adentra en su segunda semana de cortes masivos de 14 horas a nivel nacional y a su segundo mes de emergencia energética. Tal resulta ser la aparente incertidumbre y pasividad del gobierno, que Daniel Noboa se ve en la necesidad de declarar un feriado energético obligatorio para el 31 de octubre, con la excusa de impulsar el sector turístico. Como si con tanta precarización y encima sin luz, la población se aventuraría a viajar en un feriado alargado, que como la misma crisis es autoinducido.
En términos económicos -y sin contabilizar las gigantescas pérdidas por los apagones, que según estimaciones modestas equivalen a entre USD 120 y 196 millones diarios, el propio Fondo Monetario Internacional proyecta el crecimiento del Ecuador como el más bajo de toda América del Sur en 2025 con un 1,2% del PIB real. Mientras el panorama para la totalidad de 2024 se proyecta en un 0,3% de crecimiento del PIB real, convirtiendo al Ecuador en el segundo país con menor crecimiento, tan solo tras Argentina, con un decrecimiento del 3,5%. En contraste, el delirio del primer mandatario -mismo que se jacta de un 13% de incremento en exportaciones- pinta una imagen completamente contraria a la realidad material del país.
En medio de la crisis energética más prolongada del siglo, el hacendado presidente programó una entrevista en TC Televisión –su medio favorito- la noche del 27 de octubre, en horario estelar con Rafael Cuesta, un digno peón de la clase burguesa. En la entrevista Daniel Noboa se presentó sereno y con supuestas respuestas técnicas a la crisis. Definitivamente la maquinaria de la generación del consenso afinó su labor para este momento. Sin recurrir en el ya desgastado anticorreísmo, Noboa colocó la responsabilidad de la crisis a los gobiernos que le antecedieron. En un tono juvenil pero serio, el oligarca intentó reposicionarse favorablemente frente a una opinión pública que ha acumulado rabia por varios meses de corrupción, represión e indolencia.
Una vez más, la crisis primero se facilita y prepara, para después instrumentalizarla en contra de las clases populares. Mientras Noboa pretende fingir demencia en su responsabilidad directa del actual precario estado de la infraestructura energética del Ecuador, su administración provocó una desfinanciación del sector eléctrico, al enajenar USD 400 millones de las cuentas de CELEC en septiembre, para el pago de deuda. Adicionalmente, no se realizaron los pedidos de repuestos para mantener líneas de transmisión en los últimos siete años, evidenciando la correlación y preparación intencional de la crisis energética de los últimos tres gobiernos de la burguesía empresarial.
En este sentido, desde el año 2021 se alertaba sobre un estancamiento de la generación eléctrica a causa de desfinanciamiento, falta de mantenimiento e inversión, al mismo tiempo de un incremento significativo de la demanda eléctrica, asociada directamente al sector minero, principal industria consumidora de combustible, agua y electricidad a nivel nacional. Mientras tanto, Daniel Noboa, oligarca bananero que “diversifica” su economía, nutriéndose del Estado con contratos, pero también con acciones en proyectos mineros, nutria hasta el 15 de octubre a mineras con electricidad subsidiada con fondos públicos.
Lo que ha quedado claro y le fue imposible sortear, es el creciente descontento popular que el manejo de esta crisis, y del Estado, ha generado. El pueblo y la clase trabajadora han visto como la crisis energética ha precarizado aún más su vida, que ya venía precarizándose paulatinamente desde la pandemia, y la transición al Estado policial y Narcoestado, que imprime violencia extrema; o a la crisis de empleo que existe en el país y la paulatina flexibilización laboral. La desfinanciación de servicios públicos básicos como la salud, la educación y la infraestructura; y demás problemas estructurales que aquejan a la población.
Ningún movimiento ejecutado desde las corporaciones de comunicación es aleatorio. En la entrevista Noboa utilizó terminología específica, como relacionar la generación de electricidad con el concepto de buen negocio, en el proceso de construir en buena porción de la población, una opinión pública favorable sobre la inminente privatización del sector eléctrico en el país. En la misma línea, se felicitó a si mismo por haber logrado en tiempo record la mayor cantidad de inversión internacional de la historia del país, TLCs, y cooperaciones, donde la mención a Canadá no pudo faltar, país con el cual el gobierno de Noboa ha entablado buenas relaciones, sobre todo en cuanto a extractivismo se refiere. Recordemos que Atico Mining en Palo Quemado, y Lundin Gold en Fruta del Norte son empresas de capital canadiense.
En realidad, la entrevista de Noboa evidencia la profundidad de la política extractivista. Tiró como al aire, sin mayor profundización, la propuesta de hacer exploración de gas natural en territorio nacional. Lo cual agudiza aún más la alerta de la reapertura del catastro minero en noviembre de este año. Una vez más queda evidenciado que el Narcoestado refuerza con sus aparatos estatales y paraestatales un nuevo proceso de reacumulación primitiva, en el que los pueblos y nacionalidades, campesinos y campesinas, se enfrentan a un nuevo proceso expulsión de tierras, despoblamientos y desplazamientos forzados. El extractivismo es una política neocolonial, que también atenta en contra de la soberanía del país, en varios aspectos, como el territorial, el acuífero, alimenticio, etc.
Noboa y cía. se encuentran avanzando con el marco legal que permita la concesión de los principales campos petroleros, denuncia expuesta por la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo -ANTEP- respecto al campo Sacha, que produce 80.000 barriles diarios. A esta estrategia de depredación y parasitismo a costa de lo público se suma la privatización del sistema eléctrico que se encuentra a la vuelta de la esquina. Según el manual neoliberal de la usurpación de recursos públicos, Noboa bien podría proponer la privatización como “solución” en la próxima campaña electoral, misma que representaría una ganancia exorbitante para la burguesía, equivalente a USD 7.000 millones.
En la actualidad y gracias a la Ley “No Más Apagones”, el gobierno permite la generación privada de energía, inicialmente fue de 10 y actualmente es de hasta 100 MW, preparando una privatización encubierta y por etapas. La Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, fue aprobada de manera unánime en la Asamblea Nacional la tarde del 27 de octubre.
En momentos de gran crisis energética, la Banana Republic coloca a fichas políticas claves en espacios como el Ministerio de Ambiente, que faciliten y tuerzan la institucionalidad burguesa, de tal forma que queden justificados proyectos o concesiones. “Inés Manzano le metió turbo y salió”, fueron las palabras del presidente Noboa, respecto a licencias ambientales supuestamente “estancadas” en gobiernos anteriores. No cabe duda que el mismo “turbo” puede imponer en permisos ambientales para mineras, petroleras y proyectos inmobiliarios.
Con respecto al apoyo internacional, el lacayo estrella del imperialismo occidental en América Latina, planteó también la necesidad de que vuelvan las bases militares internacionales al país. Con beneplácito de la Corte Constitucional, la propuesta del Ejecutivo se prepara en la Asamblea Nacional. En este punto Noboa insistió en la supuesta urgencia del apoyo internacional en materia de seguridad e inteligencia, así como planteó que “la guerra” –el Conflicto Armado Interno- le cuesta al país USD 1200 millones al año. Noboa aprovechó para utilizar una vez más al miedo y la angustia de la población, para intenta justificar Estado policial en las ciudades y militarización en los territorios. Esto termina siendo servil al extractivismo, que utiliza a las FF.AA. como ejército privado para el control de la organización popular en su lucha antinimera.
Por otro lado, se reportan alrededor de 4.000 despidos desde el inicio de los cortes masivos hace dos meses, además de 1.000 denuncias por despido intempestivo en el mismo periodo de tiempo. En este contexto, se plantea el “pico y placa eléctrico” o Acuerdo Ministerial MDT-2024-200, que instrumentaliza la crisis autoinducida para imponer y legalizar la flexibilización de la jornada laboral de 8 a 10 horas por día de trabajo, además de la supresión de horas extras o nocturnas. El acuerdo 200 del Ministerio de Trabajo representa una medida inconstitucional que atenta en contra de los derechos laborales, al ser regresivo en derechos -artículo 11- y atentar directamente en contra de la dignidad de la clase trabajadora -artículo 33- de la Constitución de la República.
Desde una perspectiva amplia, la crisis energética bien podría resumir el proyecto político de la clase empresarial ligada al “Nuevo Ecuador”, un plan maestro de megaprivatización, extractivismo y sobreexplotación contra la clase trabajadora, mientras se militariza el mundo de la vida, y se criminaliza la organización popular y la protesta. Todo en el marco doble de legalidad y paralegalidad propio del Narcoestado.
https://www.revistacrisis.com/editorial/se-hace-la-luz-para-la-empresa-privada
