Trabajadores de la fábrica de calzado Tai Yi protestan ante la oficina de empleo en el municipio de Hlaing Thar Yar, en las afueras de Yangón, Myanmar, el 24 de febrero de 2020. (Shwe Paw Mya Tin / NurPhoto vía Getty Images)
Traducción: Pedro Perucca
Las fuerzas democráticas de Myanmar llevan más de tres años luchando contra la junta militar. Los sindicatos son una parte crucial del movimiento de resistencia y el gobierno los reprimió con fuerza letal.
Las fuerzas democráticas de Myanmar llevan más de tres años luchando contra una brutal junta militar apoyada por China y Rusia. Los sindicatos son una parte crucial del movimiento de resistencia, y los activistas sindicales se vienen enfrentando a duras represalias. Khaing Zar Aung, presidenta de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar, fue incluida en la lista negra de la junta y obligado a vivir en el exilio. Khaing Zar es una defensora de los derechos de los trabajadores y de las libertades democráticas en su país de origen y se convirtió en el rostro internacional de la resistencia del movimiento obrero de Myanmar. Khaing Zar Aung fue galardonada con el Premio Internacional Arthur Svennson a los Derechos Sindicales, conocido premio que se concede a los defensores de las libertades laborales. A continuación se transcribe el discurso que pronunció en la ceremonia de entrega del galardón, celebrada en Oslo (Noruega) –Frank Hoffer
Desde el golpe militar en Myanmar en febrero de 2021, los militares intentan forzarnos a la subordinación con asesinatos, torturas, bombardeos, innumerables detenciones y desplazamientos. Desde entonces, más de tres millones de personas fueron desplazadas internamente. Ya fueron muertos al menos 8.000 civiles, entre ellos muchos sindicalistas. El 70% del total de la nación sufrió enfrentamientos armados.
Más de 86.000 edificios, incluidas escuelas y centros de salud, fueron sido atacados y destruidos. Alrededor de 400.000 empleados del gobierno que se unieron al movimiento de desobediencia civil perdieron su trabajo y sus ingresos. Al menos 26.799 personas fueron detenidas, entre ellas más de 500 sindicalistas.
Durante más de tres años, los militares libraron una guerra abierta contra el pueblo de Myanmar, y el mundo empezó a darse cuenta. Sin embargo, la opresión de los sucesivos regímenes militares se prolonga desde hace décadas, como demuestran los muchos que tuvieron que buscar refugio en Noruega a lo largo de los años. Damos las gracias al pueblo noruego, al Gobierno de Noruega, al Consejo Noruego de Birmania y a la Confederación Noruega de Sindicatos por los muchos años de apoyo político y financiero y por permitir que la Voz Democrática de Birmania se establezca en Oslo.
En febrero de 2021, la Confederación de Sindicatos de Myanmar [CTUM] emitió una declaración condenando el golpe y abandonando el Foro Nacional Tripartito. Organizamos a nuestros miembros y a la oposición en todos los frentes. Miembros y dirigentes de la CTUM salieron a la calle y ayudaron a que cientos de miles de personas salieran a protestar. Los militares dictaron órdenes de detención contra todos los miembros del comité central de la CTUM, incluida yo misma.
Todos nuestros pasaportes fueron declarados nulos y todos tenemos causas judiciales por traición al Estado. La sede del CTUM fue saqueada y se llevaron todo. Nuestros familiares están bajo amenaza constante, lo que obligó a muchos a abandonar el país. Muchos fueron torturados hasta la muerte u obligados a esconderse.
Nuestra organización tiene experiencia en la lucha contra el régimen militar, pues lleva haciéndolo desde 1988. Podemos afirmar con seguridad que el régimen actual es mucho más débil que el de hace veinte años y que las fuerzas democráticas son mucho más fuertes. Los militares perdieron más de la mitad del territorio del país debido a los ataques coordinados de las fuerzas armadas democráticas. Podemos ganar, y ganaremos.
Sin embargo, la comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar a nuestro pueblo, que está arriesgando su vida para liberar a nuestro país.
Hipocresía empresarial
El ejército niega a los trabajadores todos los derechos humanos y crea condiciones en las que los trabajadores de la confección ganan 1,50 dólares estadounidenses al día sin ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones mediante la organización. Mientras tanto, surgen falsos sindicatos al amparo del proyecto Made in Myanmar, financiado por la Unión Europea. Made in Myanmar es una mancha para la UE y debe detenerse inmediatamente. No es más que una tapadera para las marcas mundiales que quieren beneficiarse de la mano de obra barata de Myanmar con el pretexto de «proporcionar puestos de trabajo». Lo que proporcionan es trabajo esclavo.
Cuando los trabajadores se atreven a organizarse en auténticos sindicatos, los dirigentes y sus familias son amenazados con la detención, la tortura y la muerte. En muchas fábricas de ropa, las condiciones de trabajo se acercan a la esclavitud, con jornadas laborales de más de dieciséis horas con salarios de miseria para producir prendas destinadas a los consumidores europeos. Para las multinacionales de la moda es una cómoda mentira argumentar que se quedan generosamente en Myanmar para dar trabajo a trabajadores que, de otro modo, estarían desempleados. En realidad, se sirven de mano de obra barata.
Bajo este régimen militar, cualquier discurso de «diligencia debida reforzada» no es más que una fachada. Muéstrenme una sola marca que haya puesto fin a las innumerables detenciones, torturas y asesinatos de sindicalistas que luchan por un trabajo digno en sus fábricas. No pueden impedirlo, por supuesto, porque no es posible. Las marcas afirman actuar con la diligencia debida, pero su supuesta «conducta empresarial responsable» es sencillamente imposible bajo una dictadura militar.
Las marcas mundiales que permanecen en el país, como la marca danesa Bestseller, aceptan implícitamente las violaciones rampantes de los derechos sindicales. Las marcas incluso contribuyen a estas violaciones pagando impuestos y «tasas de protección» de las fábricas a los militares. Están financiando al régimen. Se acabaron las excusas: las marcas mundiales deben abandonar Myanmar de forma responsable.
Nuestra campaña en la OIT
La Organización Internacional del Trabajo [OIT] formó una Comisión de Investigación para investigar el trabajo forzoso y la violación de la libertad de asociación en Myanmar. La comisión presentó su informe en agosto de 2023, confirmando que las autoridades militares violan las obligaciones de Myanmar en virtud de los convenios pertinentes. Recomienda que el Consejo de Administración de la OIT tome medidas, incluso en el marco del artículo 33 de la Constitución de la OIT. Necesitamos que no sólo los sindicatos sino también los empleadores y los gobiernos en la OIT respalden las conclusiones de la Comisión con acciones firmes.
Los sindicalistas seguiremos luchando contra el brutal régimen militar mientras buscamos el establecimiento de un sistema democrático federal. Estamos muy agradecidos por el apoyo del movimiento sindical internacional en esta lucha. Necesitamos su continua solidaridad y apoyo, político y financiero, para desalojar a los militares lo antes posible.
Reclutamiento militar
En octubre de 2023, la agencia de noticias de las Naciones Unidas informó de las conclusiones de la Comisión de Investigación de la OIT. Las recomendaciones instan a las autoridades militares a poner fin inmediatamente a todas las formas de violencia, tortura y otros tratos inhumanos contra dirigentes y miembros sindicales; a liberar y retirar todos los cargos penales contra sindicalistas detenidos en relación con el ejercicio de sus libertades civiles y actividades sindicales legítimas; y a restablecer plenamente la protección de las libertades civiles básicas suspendidas desde el golpe de Estado.
Las recomendaciones también instan a las autoridades militares a poner fin a toda forma de trabajo forzoso u obligatorio por parte del ejército y sus fuerzas asociadas, así como al reclutamiento forzoso para el ejército. Sin embargo, el 10 de febrero, el régimen militar de Myanmar aplicó una ley de servicio nacional obligatorio, según informaron los medios de comunicación estatales televisados. La nueva legislación obliga a todos los hombres de entre dieciocho y treinta y cinco años, así como a las mujeres de entre dieciocho y veintisiete, a servir hasta dos años bajo mando militar. Además, los especialistas, como los médicos de hasta cuarenta y cinco años, deben servir durante un periodo de tres años.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, condenó la aplicación por parte de la junta de este servicio militar obligatorio como un signo de «debilidad y desesperación» del régimen.
La necesidad de sanciones económicas integrales
Si se observan todos los acontecimientos anteriores, queda claro que no se puede conmover a la junta de Myanmar sólo con resoluciones. Las resoluciones deben reforzarse con sanciones económicas, la única acción no violenta disponible para acabar con el régimen militar.
Estoy aquí representando no sólo a los trabajadores y sindicatos de Myanmar, sino también a 183 organizaciones democráticas, incluidas organizaciones de jóvenes y mujeres, comités de huelga de todo el país, sindicatos estudiantiles y empleados públicos como profesores, médicos y enfermeras que se unieron al Movimiento de Desobediencia Civil siguiendo nuestro llamamiento. Juntos:
- Exigimos un embargo total de armas y sanciones económicas exhaustivas, con aplicación a través de la legislación prevista en los sistemas de EE.UU. y el Reino Unido contra los tres bancos nacionales, que principalmente recogen divisas.
- Pedimos a las empresas multinacionales —incluidas las aseguradoras y las marcas de moda— que salgan de Myanmar de forma responsable.
- Pedir a las compañías navieras que dejen de entregar armas y productos de doble uso, como combustibles para vehículos militares y aviones, a Myanmar.
- Pedir a la Unión Europea que retire a Myanmar las ventajas comerciales del programa «Todo menos armas» (EBA, por sus siglas en inglés).
El programa EBA de la UE se diseñó para ofrecer incentivos comerciales a los países más pobres con el fin de promover la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos y laborales fundamentales. La UE retiró algunas preferencias a Camboya en 2020 porque no respetaba los derechos de los trabajadores, pero mantiene la totalidad de las preferencias para Myanmar.
