¿Hacia dónde va el cambio en Colombia? Los desafíos de un gobierno atrapado en las viejas prácticas… ¿Es posible un cambio real en Colombia si no se fortalecen los movimientos sociales?
A dos años de mandato, Gustavo Petro enfrenta un panorama complejo en Colombia: mientras se destacan algunos logros sociales, la falta de un cambio estructural real comienza a pasar factura, y la amenaza de un retorno de la derecha extrema se cierne sobre el horizonte político.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG
En un artículo publicado por Fernando Dorado en el digital «Rebelión», titulado Colombia y Petro: los balances a mitad de camino, se ofrece una reflexión sobre los dos primeros años de gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. En dicho texto, se aborda un análisis que contrasta distintas perspectivas: desde la visión del propio gobierno, pasando por la oposición, la academia y los medios de comunicación, hasta llegar a una evaluación crítica desde el punto de vista del fortalecimiento de los movimientos sociales y políticos que dieron origen al actual gobierno.
Según plantea el autor, en este período, las opiniones están divididas. Para el gobierno, los avances logrados son significativos, destacándose a pesar de las dificultades institucionales y la intensa campaña mediática en su contra. Estos logros incluyen la reducción de la pobreza monetaria, la protección del medio ambiente en zonas críticas como la Amazonía y la no represión de las movilizaciones populares. Sin embargo, la oposición y ciertos sectores académicos ven en este gobierno una amenaza para las instituciones y acusan a Petro de entregar el país a las mafias. En este sentido, los medios de comunicación, a los que Dorado califica como “prepagos”, se han encargado de reforzar esta visión a través de una campaña sistemática de desinformación.
A partir de este contexto, Dorado introduce un análisis alternativo centrado en el impacto del gobierno de Petro en el fortalecimiento de los movimientos sociales y la capacidad de estos para generar un cambio estructural real. Para el autor, la cuestión clave no reside solamente en las políticas de gobierno, sino en si estas están contribuyendo a fortalecer las luchas populares y a generar un verdadero entusiasmo transformador en la sociedad. Plantea interrogantes sobre si el espíritu de “cambio” que se pregona desde la presidencia ha logrado, en efecto, traducirse en un impulso para las luchas de base, y si existe una alineación estratégica entre los dirigentes sociales y los funcionarios gubernamentales.
En este sentido, Dorado acepta que ha habido algunos avances en áreas específicas, como la reducción de la deforestación o la inclusión de sectores históricamente marginados en la toma de decisiones. No obstante, señala que estas medidas no son suficientes si no están acompañadas por un fortalecimiento real de los movimientos sociales que fueron los que hicieron posible la llegada de Petro al poder. Esta observación cobra mayor relevancia cuando se compara con lo sucedido en otros países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. En estas naciones, a pesar de los logros iniciales, la falta de una estrategia de consolidación del poder popular permitió el resurgimiento de las derechas extremas que hoy amenazan con desmantelar lo logrado en años anteriores.
Dorado considera que la situación en Colombia es aún más compleja debido a la falta de recursos económicos comparada con las condiciones favorables que tuvieron esos países en su momento, gracias a la bonanza de los precios de los commodities. En el caso colombiano, este factor limita el margen de acción del gobierno, y pone de relieve la necesidad de una estrategia que trascienda la mera gestión gubernamental y apueste por una movilización popular auténtica. Para el autor, Gustavo Petro no ha logrado convertir la movilización masiva del “estallido social” de 2021 en una fuerza transformadora y participativa que impulse un cambio real en las estructuras políticas y productivas del país.
A pesar de los discursos y las buenas intenciones expresadas por el presidente, Dorado critica que la mayoría de las acciones gubernamentales se han quedado en un terreno asistencialista que, en lugar de empoderar a las comunidades, ha reforzado prácticas clientelistas y burocráticas. Esta situación se ha visto agravada por la gestión de muchas de estas demandas a través de políticos tradicionales que han utilizado su poder en el Congreso para negociar prebendas, lo cual, según el autor, ha permitido la infiltración de prácticas corruptas en el propio gobierno. Este problema, lejos de ser un accidente, es una consecuencia previsible cuando se permite que las viejas estructuras de poder sigan operando bajo el nuevo gobierno.
Dorado resalta que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo y el programa político del Pacto Histórico proponen soluciones para superar estas dificultades, estas no se han implementado de manera efectiva. En lugar de priorizar proyectos productivos que impulsen una nueva industrialización y generen empleo, se ha optado por continuar con políticas de subsidios que, aunque paliativas, no generan cambios estructurales. Esta estrategia, según Dorado, ya ha demostrado ser un fracaso en otros países de América Latina, donde la dependencia de estos subsidios ha terminado reforzando la pobreza estructural.
El autor sugiere que en lugar de continuar con estas políticas, el gobierno debería enfocarse en apoyar a sectores que han demostrado su capacidad de resistencia y auto-organización, como los pequeños y medianos productores, así como a los profesionales precariados. Estos grupos, argumenta Dorado, han logrado avances significativos en el procesamiento de materias primas y en la creación de alternativas productivas sostenibles, y podrían convertirse en la base de un modelo económico más justo y equitativo.
En términos generales, Dorado concluye que el gobierno de Petro ha desperdiciado valiosas oportunidades al concentrar su energía en el trámite legislativo de reformas sociales que, aunque necesarias, han sido diluidas por las negociaciones con la clase política tradicional. A pesar de los intentos del presidente por avanzar hacia un “acuerdo nacional” y sus amenazas de recurrir a medidas extraordinarias como un “proceso constituyente”, estas iniciativas han quedado en el aire, debilitadas por la falta de apoyo en el Congreso y la resistencia de la oligarquía.
El autor también señala que, en el área de la política de “paz total”, se presentan problemas similares. Los grupos armados, que tienen un conocimiento directo de las necesidades de las comunidades rurales, continúan expandiendo su control territorial, mientras que las políticas de paz del gobierno no cuentan con el respaldo efectivo de las bases sociales. Este desajuste ha llevado a un resurgimiento de la militarización en las regiones más conflictivas, lo que a su vez fortalece la narrativa de la derecha, que ya está preparando su discurso electoral en torno al tema de la “seguridad” para las elecciones de 2026.
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