¿Cómo es posible que un periodista español lleve más de dos años encarcelado en Polonia sin cargos formales?
¿Cómo es posible que un periodista español lleve más de dos años encarcelado en Polonia sin cargos formales y en España apenas unos poquísimos medios se atrevan a decir «ni mu»? Es cierto que la detención de Pablo González el 28 de febrero de 2022 ha suscitado numerosas críticas sobre la falta de acción por parte del gobierno español y la escasa cobertura mediática. Pero ¿dónde ha quedado la movilización que obligue a este gobierno progre de pacotilla a exigir su inmediata liberación? ¿Qué es lo que se esconde detrás de este silencio letal y de la prolongada prisión preventiva? ¿Qué es lo que hace el inefable José Manuel Albares, además de besarle el trasero a sus instructores de Washington? ¿Bajo qué techo se están guarneciendo nuestros intelectuales, periodistas y artistas para mantener un silencio eclesial al respecto?
POR CÁNDIDO GÁLVEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
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El periodista vasco Pablo González ha permanecido encarcelado en Polonia desde el 28 de febrero de 2022, bajo la acusación de espionaje, aunque hasta la fecha no le han presentado cargo formal alguno. Su arresto se produjo en el contexto de una cobertura periodística, y desde entonces ha enfrentado una serie de obstáculos legales y personales que han complicado su situación.
Desde su detención, Pablo ha estado prácticamente incomunicado. Su esposa, Oihana Goiriena, ha denunciado repetidamente que no se le ha garantizado el derecho a la defensa, ya que en los primeros días de su arresto no tuvo acceso a un abogado. A lo largo de quince meses, sólo ha podido visitar a su marido una vez, el 21 de noviembre, y ha señalado que las autoridades polacas han dificultado enormemente cualquier intento de comunicación.
La incomunicación, la falta de acceso a la defensa adecuada y las condiciones duras de su encarcelamiento –23 horas al día en una celda pequeña sin ventilación ni luz natural– han hecho de la situación de Pablo un calvario.
LA SITUACIÓN ACTUAL
Pablo González continúa en prisión preventiva en Polonia, en una situación que su esposa describe como un castigo anticipado, dado que todavía no se le han formulado cargos concretos. Según Goiriena, las autoridades polacas han estado prorrogando su prisión preventiva en repetidas ocasiones, argumentando riesgos de fuga y obstaculización de la investigación, aunque nunca han presentado pruebas claras de estos riesgos. Esta situación se ha prolongado durante más de dos años, generando una profunda incertidumbre sobre el futuro de Pablo.
En el contexto de su encarcelamiento, Pablo ha visto cómo sus derechos básicos son vulnerados sistemáticamente. A pesar de que debería tener derecho a visitas familiares regulares y a la comunicación con sus seres queridos, estas facilidades le han sido negadas una y otra vez.
Las excusas ofrecidas por las autoridades polacas, que suelen oscilar entre problemas logísticos y la gravedad de las acusaciones, no logran justificar la dura realidad que enfrenta el periodista.
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LA SITUACIÓN DE SU COMPAÑERA
Oihana Goiriena ha sido una voz constante en la denuncia de la situación de su marido. Ha criticado severamente la falta de acción del gobierno español y ha expuesto las dificultades que enfrenta para mantener a sus hijos mientras lucha por la liberación de Pablo.
Goiriena ha señalado que, a pesar de que la fiscalía polaca afirma que se han autorizado visitas familiares, estas autorizaciones nunca llegan. Esta incertidumbre y la separación forzada han tenido un gran impacto en la familia, especialmente en los hijos de Pablo, quienes apenas han podido comunicarse con su padre durante todo este tiempo.
Oihana ha descrito cómo ha tenido que lidiar con la angustia diaria de sus hijos, quienes constantemente preguntan por su padre y no entienden por qué no pueden hablar con él ni visitarlo. Esta situación ha sido particularmente dura para los más pequeños, que no comprenden la gravedad de las acusaciones ni la complejidad del proceso judicial. Además, la incertidumbre sobre el futuro de Pablo y la posibilidad de que la situación se prolongue indefinidamente ha generado un estrés constante en la familia.
LA ACTITUD INSÓLITA DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS
La actitud de las autoridades españolas ha sido, cuanto menos, desconcertante. Según Goiriena, el ministro de Asuntos Exteriores, el inefable José Manuel Albares, ha mentido y engañado a la opinión pública sobre la situación de Pablo, afirmando que «todos sus derechos están siendo garantizados» cuando la realidad es radicalmente diferente.
Además, ha denunciado un «agravio comparativo» entre el trato que han recibido otros periodistas detenidos en el extranjero y el caso de su marido. Por ejemplo, mientras que el gobierno español «progresista» ha solicitado la liberación del reportero estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia, no ha mostrado ni el más minino interés por la situación de Pablo González.
Las declaraciones públicas de Albares han sido particularmente despistantes. Al afirmar que se están garantizando los derechos de Pablo, ha intentado desviar la atención y minimizado la gravedad de la situación, creando una falsa percepción de normalidad. Esta actitud no sólo afecta a Pablo, sino que también envía un mensaje preocupante a otros periodistas y ciudadanos españoles que podrían encontrarse en situaciones similares en el futuro.
LA «SOLIDARIDAD» DE LA GRAN PRENSA ESPAÑOLA
La respuesta de la gran prensa española ha sido, en general, tibia. Si bien ha habido algunas coberturas y artículos de opinión que denuncian la situación de Pablo, la cobertura mediática no ha sido tan intensa ni continua como podría esperarse en un caso de esta gravedad. Goiriena ha señalado que la falta de presión mediática y social está contribuyendo a la prolongación de la detención de su marido, ya que las autoridades polacas no sienten suficiente presión internacional para actuar de manera justa y rápida.
Es notable que, a pesar de la gravedad de las acusaciones y la evidente violación de los derechos humanos, la mayoría de los grandes medios españoles no han mantenido una campaña sostenida de denuncia y apoyo a Pablo González. Esto contrasta con la cobertura que han recibido otros casos similares en el extranjero, donde los medios han jugado un papel crucial en generar presión pública y diplomática para la liberación de periodistas detenidos.
COMPARACIÓN CON DETENIDOS DE OTRAS NACIONALIDADES
La actitud de las autoridades españolas contrasta notablemente con la de otros países cuando se trata de periodistas de su nacionalidad detenidos en el extranjero. Países como Estados Unidos han demostrado una defensa aguerrida y enérgica hacia sus ciudadanos periodistas, como se vio en el caso de Evan Gershkovich.
Mientras que en otros países los gobiernos actúan rápidamente para asegurar la liberación de sus ciudadanos, incluso cuando enfrentan acusaciones graves, España ha adoptado una postura pasiva y, en muchos casos, reforzando la narrativa de las autoridades polacas. Este contraste es evidente cuando se comparan los esfuerzos diplomáticos y las declaraciones públicas de otros gobiernos con la actitud del gobierno español hacia el caso de Pablo González.
COMPARACIÓN CON EL CASO DE JULIAN ASSANGE
El caso de Pablo González tiene ciertos paralelismos con el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien ha enfrentado una prolongada detención sin juicio en el Reino Unido a solicitud de Estados Unidos. Ambos casos destacan por la falta de transparencia en las acusaciones y por el uso de la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado. Sin embargo, mientras que el caso de Assange ha recibido una cobertura mediática extensa y ha generado un movimiento global de apoyo, la situación de Pablo González ha pasado más desapercibida, a pesar de las claras violaciones de sus derechos humanos.
Assange ha contado con el apoyo de numerosas organizaciones de derechos humanos, periodistas y ciudadanos de todo el mundo que han alzado la voz en su defensa. En contraste, la situación de Pablo González no ha logrado generar un movimiento de apoyo similar, lo que ha permitido que su caso se prolongue sin una presión significativa para su resolución. Esta diferencia resalta la importancia del apoyo mediático y social en la lucha por los derechos de los detenidos injustamente.
La cuestión es que la lucha por la justicia en el caso de Pablo González no sólo es crucial para él y su familia, sino que también sienta un precedente para la defensa de los derechos de todos los periodistas y ciudadanos detenidos injustificadamente.
Es necesariamente perentorio que la comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos y los ciudadanos comunes nos unamos en una campaña concertada de solidaridad para exigir la inmediata liberación de Pablo y el respeto a sus derechos humanos.
Esta es una batalla que va más allá de un individuo, es una lucha por los principios fundamentales de justicia y humanidad que deben prevalecer en cualquier sociedad democrática.
