En este artículo queremos partir de las palabras que usó la cavernaria senadora Paloma Valencia para contar lo aprobado por la Comisión Primera, «porque finalmente se logró un acuerdo para solventar muchos de los problemas de la ley estatutaria». Dice la carcunda Paloma:
«¿Qué me gusta? Que logramos incorporar la visión de que la educación tiene que tener en cuenta la empleabilidad. Porque usted quiere educarse para poder salir a trabajar, para ganar plata, para transformar su vida. Pero si usted lo educa y no tiene nada que ver con lo que está pasando en los mercados, usted termina con el título en la casa y con el niño desempleado también en la casa».
La afirmación de que la educación debe enfocarse en la empleabilidad refleja la típica visión limitada y economicista propia de esta senadora; pese a su título de abogada y filósofa, los intereses de la clase a la que defiende le hacen reducir la finalidad del conocimiento a una simple herramienta para el mercado laboral.
Esta señora pretende desconocer que, desde su origen, las universidades han sido concebidas como instituciones que albergan el conocimiento universal, lugares donde la educación tiene un valor intrínseco porque contribuye al desarrollo integral del ser humano, en la formación de personas críticas capaces de cambiar la sociedad, no meras fábricas de trabajadores adaptados a las fluctuaciones del mercado.
Por otro lado, el problema no reside en el contenido educativo per se, sino en las condiciones laborales a las que se enfrentan los graduados. Aunque a menudo, la formación académica está desconectada de la práctica —lo cual es una contradicción que debe ser superada mediante una mayor integración entre teoría y práctica—, el verdadero obstáculo es la precariedad laboral que caracteriza al mercado de trabajo actual. Los bajos salarios y los contratos temporales de corta duración (un año, seis o dos meses), incluso por horas, son la norma, no la excepción. De allí que ingenieros, científicos, psicólogos, periodistas, médicos, artistas, docentes… se vean obligados a tener múltiples empleos o a recurrir al llamado «emprendimiento» para poder llegar a fin de mes.
La rapaz Paloma nos dice que la solución es ajustar la educación a las demandas del mercado, para evadir que el problema es la tercerización e intermediación laboral, la falta de empleo formal y de estabilidad laboral, los despidos y el cierre de empresas. Para evadir que los responsables de esta situación son senadores como ella, que actúan como una junta administradora de los negocios comunes de la burguesía, pues desde el Congreso viven defendiendo leoninas reformas laborales, pensionales y tributarias antiobreras y antipopulares.
La precarización laboral, sobre todo de los jóvenes, es una estrategia del capital para maximizar sus beneficios a costa de la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Esto se evidencia en los salarios hambreadores y las condiciones de trabajo indignas que nos afectan a todos, desde los recién graduados hasta los profesionales con experiencia.
No rechazamos la necesidad de una formación que prepare a los individuos para la vida laboral, pero sabemos que el objetivo de la educación debe ser mucho más amplio. Debe incluir la formación de individuos críticos y comprometidos con la transformación social, capaces de cuestionar y cambiar las estructuras que perpetúan la explotación y la desigualdad. La educación pública debe formar personas no solo para sobrevivir en el mercado laboral, sino para luchar por un mundo mejor.
Contra este nuevo ataque a la educación pública, es imperativo que los trabajadores de la educación, los estudiantes, padres de familia y el pueblo en general se sumen a la construcción y el fortalecimiento de la Asamblea Nacional Popular, independiente y revolucionaria (Cali, 13 y 14 de julio). Una Asamblea que represente una forma auténtica de poder popular, capaz de enfrentar y desafiar al Congreso mafioso y al Estado capitalista que perpetúa la explotación y la precarización.
Considerando especialmente que esta propuesta de Ley Estatutaria de Educación está siendo elogiada por congresistas de partidos afines al gobierno y por la Ministra de Educación, los docentes, estudiantes y trabajadores de la educación deben organizarse en torno a esta Asamblea, con el objetivo de construir un contrapoder que sea verdaderamente independiente del gobierno y de las instituciones estatales. Esta independencia es crucial para que nuestra lucha no esté atada a intereses ajenos y podamos actuar con la determinación necesaria para lograr nuestras reivindicaciones sin temor a incomodar al gobierno.
La Asamblea Nacional Popular debe ser un espacio donde se unan todas las luchas regionales, locales y sectoriales, convirtiéndose en un órgano legislativo y ejecutivo que represente genuinamente las aspiraciones de las masas populares. De ella debe salir un programa inmediato que exija reivindicaciones como el alza general de salarios, subsidios a los desempleados y subempleados, la erradicación de la tercerización e intermediación laboral, la defensa de la estabilidad y formalidad laboral, etc. Esta Asamblea debe rechazar las recortadas reformas conciliadas con la burguesía y la mafia, porque ya no son lo que exige el pueblo y por lo que se dio la vida y la libertad en el levantamiento popular del 2021.
La Asamblea Nacional Popular debe ser un espacio que sirva para recuperar el camino de la lucha por transformaciones profundas que mejoren verdaderamente las condiciones de vida de los trabajadores. Solo mediante la organización independiente y la lucha revolucionaria en las calles podremos construir un futuro en el que la educación y el trabajo digno sean derechos garantizados para todos.
