© AFP 2023 / Michael González
El enfrentamiento entre la Administración de Joe Biden y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha escalado dramáticamente tras el reciente fallo de la Corte Suprema que autoriza a agentes de la Patrulla Fronteriza retirar el alambre de púas que colocó Austin en su frontera con México para evitar la entrada de migrantes.
La tensión entre el gobierno federal y el estatal por el control de la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un nuevo pico este 26 de enero, luego de que Abbott anunciara que desafiará a la Casa Blanca y a la Corte Suprema de Estados Unidos y continuará con su plan de seguridad fronteriza, que incluye la instalación de más alambre de púas para disuadir la migración irregular.
El pasado 22 de enero, el máximo tribunal del país, de mayoría conservadora, sorprendió a votar 5-4 en favor de la potestad del Gobierno federal de retirar el alambre de concertina instalado a lo largo de tramos de la frontera en Texas, por orden de Abbott, quien le debe buena parte de su éxito político —ganó su segunda reelección como gobernador de manera arrolladora en el 2022— a una política de línea dura con respecto a la migración.
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Este fenómeno, que ha crecido de manera imparable durante la gestión Biden, se ha convertido además en el principal caballo de batalla para la proyección nacional del mandatario texano, cuyo nombre es uno de los que circulan con más fuerza como posible compañero de fórmula de Donald Trump, el favorito para ganar la nominación presidencial, para el ticket republicano del 2024.
El gobernador de Texas ha hecho caso omiso al fallo preventivo del máximo tribunal de justicia y ha declarado que no hay nada que le impida ordenar a la Guardia Nacional de Texas que continúe colocando más alambre de púas a lo largo de los más 2.000 kilómetros de frontera entre su entidad y el vecino mexicano, que representan casi la mitad del total del límite internacional entre los dos países.
En tanto, numerosos congresistas demócratas, como el representante de Texas Joaquín Castro, han pedido una intervención federal de la Guardia Nacional, presagiando un choque constitucional entre el Gobierno federal y uno de los estados más ricos y poderosos del país, profundamente republicano y orgullosamente autónomo (fue brevemente una república tras su separación de México en 1836, y luego nuevamente durante la Guerra Civil, hasta el triunfo de la Unión).
Esta rápida escalada en un año electoral «es un recordatorio de las profundas divisiones que hay en Estados Unidos, no solo en la sociedad, sino también entre sus políticos y sus instituciones», le dijo a Sputnik el investigador José Maria Ramos García, del Colegio de la Frontera Norte (Colef) mexicano.
Para el académico, se trata de una alarmante evidencia de que la «polarización extrema» que vive el país corre el riesgo de desembocar en una «posible nueva Guerra Civil», ya que las diferencias entre republicanos y demócratas «ni siquiera pueden dilucidarse dentro de la ley, como lo demuestra el actual desacato del Gobierno de Abbott».
Si bien los asuntos sobre inmigración técnicamente caen bajo la órbita del Gobierno federal, la Administración de Abbott ha invocado estar actuando bajo las cláusulas de invasión de la constitución del país, que le otorga a los estados la facultad de hacer cumplir la seguridad fronteriza si están siendo invadidos por enemigos extranjeros.
Además, si bien la Guardia Nacional es parte del Ejército de Estados Unidos, que lidera el presidente como comandante en jefe, en la práctica este cuerpo militar responde en cada estado a las órdenes del gobernador, por lo cual nuevamente Abbott está técnicamente habilitado a decidir si sus miembros siguen colocando alambre de púa a lo largo de la frontera.
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De acuerdo a Ramos, la postura de Abbott se ha visto fortalecida no solo por el apoyo de la mayoría de los gobernadores republicanos a su derecho de autodefensa, sino también por los dramáticos datos de detenciones de migrantes ilegales en el último año, que han sido los más altos en la historia de la Patrulla Fronteriza.
«El hecho de que una parte importante de esos migrantes arrestados hayan sido personas que ya habían sido detenidas en el pasado en las mismas circunstancias fortalecen su caso», señala el experto.
«También está el hecho de que, dentro de la propias comunidades latinas que viven en Texas y Estados Unidos, que históricamente fueron votantes demócratas, comienza a haber un giro a favor de las posturas más duras contra la inmigración ilegal que defiende el gobernador Abbott y el Partido Republicano, demostrando que la polarización política en Estados Unidos se está dando también al interior de los grupos sociales que antes eran considerados monolíticos», señaló Ramos.
Sin embargo, el experto en temas migratorios señala que no se puede vaticinar cuál será el desenlace de este enfrentamiento, ya que ni el Gobierno de Texas ni las autoridades federales han dado señales de querer bajar las tensiones, al no haber incentivos políticos para hacerlo.
«Actualmente, lo que le sirve a los partidos, más en un año electoral, es profundizar en sus posturas. Si bien en una sociedad ser conciliador y buscar un término medio suele ser lo más beneficioso, eso no da réditos en términos políticos en el EEUU actual, por lo que es posible que sigamos viendo una escalada de esta pelea, y continuemos siendo testigos de la implosión de la cultura política institucional de EEUU, que está en sus horas más bajas», concluye.
