La realidad virtual de los medios y los contagios clandestinos, borrados de las estadísticas.
Se pregunta nuestro colaborador Aday Quesada, sobre la «magia» utilizada por el jefe de la coalición gubernamental, Pedro Sánchez, que a la vez que decreta de un plumazo «el fin de la pandemia» logra que al unísono, el coro de los medios de comunicación logre transmitir simultáneamente a la sociedad la sensación reconfortante de que «¡la pandemia ha terminado!». Claro que mientras el trinomio Gobierno,Medios y Patronal va por un carril, la realidad cotidiana va por otro: en lo que llevamos de «séptima ola pandémica» el virus ha acabado con la vida de más de 16.000 personas…
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL
Resulta alucinante cómo, de manera perfectamente concertada, la orquesta de los medios de comunicación – Prensa, Radio y TV- ha logrado implantar en la conciencia ciudadana la sensación de que la pandemia de Covid y sus evidentes peligros se han esfumado repentinamente de nuestra realidad cotidiana. Que ha desaparecido por arte de ensalmo de nuestra vida. Que ya no hay muertos ni gente joven gravemente afectada por sus secuelas. Y como ello encima sirve para relajar las tensiones acumuladas a lo largo de 24 meses, todos hemos aceptado la deliberada mentira, alegres y sin rechistar. Un fatal error.
Después de que el Gobierno de Sánchez optara por decretar «el final de la pandemia», así como impedir la publicidad de las estadísticas diarias sobre las infecciones, en silencio y casi a hurtadillas, alrededor de 16.000 ciudadanos del Estado español han fallecido fulminados por esta última ola, conocida como «la séptima», a traves de los efectos de silentes “contagios clandestinos”.
No es esta una estadística «periodística» sensu strictu. La ha proporcionado este mismo fin de semana la viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, que ha osado manifestar que:
«El número total de fallecidos de esta última oleada es muy alto, más de 16.000 en todo el país», y dada la ausencia de estadísticas «desconocemos la cifra real de contagios».
El gobierno «socialista», contando con el apoyo cómplice de sus coaligados de “Unidas Podemos”, ha optado claramente por escoger el negocio por encima de la salud y la vida de la población. Así de claro.
Ya desde las primeras etapas de la irrupción pandémica en España, esta dramática opción gubernamental estuvo presente en las instancias del Ejecutivo . Y no debería de resultar extraño, ya que algo similar ha sucedido en otros ámbitos de la política del Gobierno de Sánchez. En el caso de la pandemia para el gobierno era una tarea prioritaria intentar salvar los negocios, por encima de la vida y la salud de los grupos sociales más vulnerables, los inmunodeficientes y los ancianos. Y es que, a la hora de hacer Caja, se trataba al fin al cabo de sectores que no sólo no eran «productivos” sino que, además, suponían una onerosa carga social para la Administración.
Es preciso, no obstante, puntualizar que esta macabra opción no fue exclusivamente española. Para aclaración de todos aquellos que continúan manteniendo dudas acerca de cuál es realmente la naturaleza social de la UE, esta elección se impuso en todos los ámbitos institucionales de la Europa capitalista.
El resultado de esa letal elección la proporcionó finalmente esta misma semana la “Organización Mundial de la Salud”, que ha estimado como una cifra «escandalosa» los más de 2 millones de muertos oficiales que ha provocado la pandemia en la “floreciente” y ufana Europa capitalista. Esta última cifra de muertos de la UE – según la epidemióloga citada – es tan sólo una cifra oficial, ya que los cálculos sobre el exceso de mortalidad en el Continente en el curso de los dos últimos años disparan ese dato hasta alcanzar los 3,2 millones de decesos en el viejo continente.
El que las estadísticas sobre los estragos ocasionados por la pandemia hayan sido convertidas en España en una suerte de hermético «secreto de Estado» no es más que la expresión de que son poderosos e inconfesables intereses económicos los que marcan la estrategia sanitaria de la pandemia, intentando jugar con el desconocimiento de la población para, de esa forma, estar en condiciones de encubrir lo que realmente sucede.
LOS «CÓMPLICES NECESARIOS»
Corresponde recordar, asimismo, que si las instituciones públicas y gubernamentales españolas y europeas han optado por el «negocio”, en lugar de por la «vida y la salud» del conjunto de la ciudadanía, ha sido gracias a la silente complicidad de las organizaciones «sociales» a las que correspondería el ejercicio de custodia y defensa de los intereses ciudadanos y, en el caso de los sindicatos, de los «intereses de clase», si todavía para estas entidades continuara teniendo algún sentido ese concepto.
Durante el curso de la pandemia, los sindicatos que se reclaman de «izquierdas» se sumaron a la aceptación cómplice de la estrategia sanitaria impuesta por la patronal a través del gobierno.
Durante los momentos más duros del desarrollo de la pandemia no se produjo ni un solo pronunciamiento por parte de los sindicatos ni de las organizaciones de trabajadores a favor de los intereses objetivos de sus afiliados y de sus representados .
Ni un solo comentario crítico, ni una sola valoración puso cortapisas a la catastrófica estrategia sanitaria gubernamental desde CCOO o UGT. Hoy no es demagógico mantener, con todas las letras, que ambas organizaciones han terminado consagrándose como miserables instrumentos al servicio de los intereses Patronales en todos los ámbitos de la vida social, política y económica del país.
Otro tanto de lo mismo podría decirse de los partidos y organizaciones políticas que también se reclaman pertenecientes a la «izquierda». Ninguna de ellas fue capaz en estos últimos 24 meses de alzar su voz ni de llamar a la protesta ciudadana en contra del abandono a su suerte de miles y miles de ancianos en residencias privatizadas. La «protesta» se limitó a suaves valoraciones en torno al increíble holocausto que en silencio tuvo que sufrir el eslabón biológico más débil de la población del Estado español.
El resultado devastador de esa estrategia sanitaria está a la vista: 33.300 ancianos perdieron sus vidas en medio de una soledad conmovedora en el complejo residencial privatizado. Y, también como correspondía, las diferentes administraciones responsables de ese holocausto tratan ahora de neutralizar a través de la práctica del “acuerdo” las responsabilidades contraídas por los partidos políticos responsables del estado miserable en el que se encontraban las residencias, donde finalmente concluyeron las vidas de todos esos mayores.
Como ha sucedido en otros ámbitos de la vida política española a lo largo de los últimos 40 años, el consenso -o sea, el acuerdo, el apaño y el silencio- ha hecho que las víctimas y los victimarios hayan desaparecido de la escaleta de la vida cotidiana de este país. Nadie parece ser ahora responsable de más de tres decenas de miles de muertes. Un velo de desmemoria «histórica» ha ido ahogando progresivamente los recuerdos incluso de los familiares más próximos. En el “mejor” de los casos ahora se pretende que un “tratamiento individualizado” pueda neutralizar la avalancha de reclamaciones que podrían presentarse.
Ha tenido que ser una ONG como Amnistía Internacional, la que se ha visto obligada a documentar la deficientísima actuación del Ministerio Fiscal, así como denunciar el cierre de las Comisiones de investigación en las Comunidades autónomas. Un hecho que según la propia Amnistía una impunidad casi absoluta en relación con la hecatombe humanitaria que se produjo en las residencias de ancianos. El 89% de las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía han sido archivadas. Aunque Amnistía Internacional exigió a todos los grupos parlamentarios la creación de una Comisión de la Verdad que sirviera para esclarecer la catástrofe ocurrida, sólo ha recibido la callada por respuesta. La experiencia de las últimas cuatro décadas nos indica cuál es el significado de tan rotundo «consenso». La única variante en relación con los conchavos que se han urdido desde que se instauró el Régimen del 78, es que a los viejos bicomparsas de antaño, se han unido los nuevos y rejuvenecidos comparsas de hoy: Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos
¿ADMINISTRADORES PÚBLICOS SIN RESPONSABILIDAD PENAL?
En la fase actual de la pandemia, el Gobierno y sus corifeos siguen optando por el encubrimiento de los estragos que aún ocasiona el Covid 19. El objetivo parece claro: normalizar la vida económica de los negocios evitando que afecten a la cuenta de resultados.
La vieja técnica del avestruz, -esconder torpemente la cabeza bajo el ala, para no contemplar los peligros que la rodean-, ha vuelto a imponerse. El gobierno de Sánchez y Unidas Podemos ha decretado que «ya no hay pandemia». Y en ello han coincidido, igualmente, los gobiernos autónomos, incluidos aquellos que se sitúan en el extrarradio ideológico.
Y para que esa sensación pueda cundir en la conciencia de la ciudadanía, el conjunto de los medios de comunicación afines a los intereses de sus propietarios han hecho desaparecer por arte de una operación de prestidigitación, la virulenta vigencia de la pandemia. Y para redondear aún más la operación, nada mejor que hacer desaparecer de la faz informativa los datos estadísticos. Ya el ciudadano no dispone siquiera de la orientación que antes le proporcionaban las cifras estadísticas de los afectados. Desaparecen los partes médicos. Se borra a generaciones enteras del historial pandémico. Ahora ya sólo se contabilizará y dará a conocer el número de infectados que superen los 60 años. El resto ya no existe, aunque para los mayores de 60 sea esencial el conocimiento de la evolución de la infección para adoptar los oportunos criterios de prudencia. Y al igual que se ha hecho con toda la información crucial, a partir de ahora, «¡lo que no sale en los medios, no existe!»
Mientras tanto, un disciplinado rebaño de ciudadanos, domesticados a lo largo de décadas de desarticulación social, ha terminado aceptando dócilmente las órdenes emanadas no sólo por los poderes públicos del Estado sino, sobre todo, de aquellos otros poderes económicos invisibles y que nadie ha elegido pero son los que realmente mandan en este país .
Y ante la presente coyuntura, hay necesariamente que preguntarse: ¿Nuevamente, nadie será responsable de los efectos letales ocasionados por este Decreto “sui géneris” de “fin de la pandemia”? ¿Ningún presidente del Gobierno? ¿Ningún presidente de ninguna Comunidad autónoma, connivente con el abracadabrante decreto de “fin de la pandemia» tendrá que rendir responsabilidades ante los tribunales? ¿Y los Consejeros de Sanidad? ¿Carecen todos ellos de responsabilidad penal? ¿O, como sucediera los nazis, “sólo se limitaban a cumplir órdenes”?
Hay que acabar definitivamente con todo esto.
