Sarcasmo que en el Día Internacional de los DDHH la justicia británica se pliegue a los deseos norteamericanos y conceda la extradición de Assange para ser juzgado por 17 delitos en EEUU. La fantasía de las libertades de la democracia occidental pasa de sublime a ser parodia
El australiano Julian Assange, cofundador del sitio WikiLeaks dio a conocer más de un cuarto de millón de documentos secretos del Departamento de Estado donde se revelaba sin aditamentos ni edulcorantes los modos oscuros y ciertamente criminales con que la Casa Blanca se maneja en el mundo.
EE UU le acusa de varios delitos contra la seguridad nacional. En colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, obtuvo y publicó documentos confidenciales producidos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sobre la intervención militar de EE UU y sus aliados en Irak y Afganistán.
Uno de los documentos filtrados fue el escandaloso «Cablegate”, del 28 de noviembre de 2010 que fue publicado por la prensa más “seria y respetable” del Norte global –el estadounidense The NY Times, el alemán Der Spiegel, el británico The Guardian, el francés Le Monde, el español El País– hecho que enfureció al gobierno de Barack Obama y situó a Assange como el Enemigo Público Nº 1 sin llegar a cuestionar a dichos medios occidentales. Biden, vicepresidente con Obama, en 2010 tildó a Assange de “terrorista de alta tecnología».
El acoso contra la figura pública de Assange se inició cuando la Fiscalía sueca emitió en noviembre de 2010 una orden de arresto europea contra Assange mediante acusaciones sexuales de violación, la fiscal superior adjunta, Eva-Marie Persson comunicaba:
«He pedido a la corte de Uppsala que detenga a Assange en ausencia, sospechoso de violación en grado menor por causa probable. Si el tribunal decide detenerlo, enviaré una orden de arresto europea para que sea entregado a Suecia».
Un mes después fue detenido en Londres, y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo reafirmó la extradición a Suecia, entonces el periodista se refugió en la embajada ecuatoriana.
Para evitar la extradición a Suecia se refugió en mayo de 2012 en la Embajada ecuatoriana en Londres durante el mandato de Rafael Correa.
A pesar de que la acusación de tales hechos se revelaron como infundados, el gobierno de L. Moreno le retiró el asilo político supuestamente por quebrantar «convenciones internacionales y el protocolo de convivencia» en la misión diplomática y así el 11 de abril de 2019 fue entregado a agentes británicos quedando bajo custodia de la justicia del Reino Unido hasta que la jueza Deborah Taylor dictó sentencia en grado máximo de pena por el delito cometido, condenándolo a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012, permaneciendo en la cárcel de máxima seguridad del Belmarsh en la capital británica, casi un año de encierro que casualmente coincide con la tramitación de la petición de extradición por parte de EE UU para juzgarlo por espionaje, está acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática, que podría suponerle una pena máxima de 175 años de prisión por filtrar documentos secretos de estado en Wikileaks.
El 4 de enero 2021 prosiguió la batalla legal en el tribunal londinense de Old Bailey. Fue denegada la petición de extradición cursada por Estados Unidos —justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio— pero la juez Vanessa Baraitser le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el Gobierno estadounidense de Trump pudiera presentar una apelación que se presento el 15 de enero
Como en toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, el CPS, Crown Prosecution Service (servicio de Fiscalía de la Corona) actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU —de igual modo lo hizo con la petición archivada de extradición de la Fiscalía sueca.
Finalmente este 10 diciembre el Tribunal de Apelación de Londres descartó que la vida del activista corra peligro si es entregado a la justicia estadounidense, el juez Timothy Holroyde se limitó a decir: «El tribunal admite el recurso» ante una sala abarrotada por la fuerte expectación mediática del caso. En enero la magistrada de primera instancia Vanessa Baraitser había considerado que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado a EE UU.
El Tribunal sopesó los argumentos de la apelación norteamericana y dio luz verde para que pueda ser extraditado a EE UU, para ello el Gobierno norteamericano aportó un conjunto de «garantías» (…) para asegurar un proceso justo y mitigar los riesgos para la salud física y mental de Assange.
La defensa de Assange podrá apelar la decisión antes de fin de año y dilatar el proceso varios meses. La pareja de Assange, Stella Moris, dijo que el equipo legal de Assange apelará «tan pronto como sea posible» a la decisión del Tribunal de Apelación. Assange podría luego recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
EE UU continúa fiel el guión de la Doctrina de Seguridad Nacional en que cualquier amenaza a la Seguridad Nacional de EEUU originada en cualquier parte del mundo constituye una acción a favor de una potencia enemiga y considerar a ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad. En el discurso de Mike Pompeo, director de la CIA, el 13 de abril de 2017 en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington D.C., calificó a WikiLeaks como «un servicio de inteligencia hostil» y acusó a Julian Assange y Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de ser «una amenaza» para el país con sus filtraciones.
Los periodistas Zach Dorfman , Sean D. Naylor y Michael Isikoff en su artículo «Kidnapping, assassination and a London shoot-out: Inside the CIA’s secret war plans against WikiLeaks» en Yahoo News demuestran la profunda conexión entre la campaña sucia de la CIA (secuestro y/o asesinato) y el intento pseudolegal de procesar a Assange:
«Preocupado porque los planes de la CIA descarrilaran en un posible caso penal, el Departamento de Justicia aceleró la redacción de los cargos contra Assange para asegurarse de que estuvieran vigentes si lo llevaban a Estados Unidos».
Fuente: Mundo Obrero
