Por Gabriel Adrian
La actual y cuestionada presidenta del Perú, Dina Boluarte, hace pocos días fue a declarar ante la fiscalía por las muertes a manos de la policía y militares en el marco de las protestas contra su mandato entre diciembre y febrero pasados. Boluarte calló con todo desparpajo; calló para no declararse culpable. Por supuesto, nada le importa el dolor de los familiares de los muertos: quienes sirven al gran capital, ya se sabe, carecen de corazón solidario y suelen atosigarse de naranjas agrias. Boluarte solo será sancionada si la derecha (local e internacional) la deja caer; lo que, al menos por el momento, no va a suceder.
Dina Boluarte gobierna el Perú como un gamonal. (1) Boluarte gobierna el Perú con sangre derramada, cinismo y fuego graneado. No tiene ni un partido ni un movimiento político detrás de ella, sino que gobierna como un testaferro de la derecha peruana y los grandes grupos económicos de poder. Es decir, la derecha llegó por la puerta falsa a Palacio de Gobierno en ese país: lo que no consiguió mediante las elecciones, lo consiguió con el golpe contra Pedro Castillo (2).
La otrora vicepresidenta del defenestrado presidente electo no es un personaje que salga de sus canteras, pero es alguien que les ha demostrado lealtad absoluta. Y eso, como alecciona la historia, lo sabe compensar la derecha y el gran capital. Su premio es dejarla a salvo en tanto gobierne a su favor. Así que Boluarte hace todo lo que los grupos de poder desean: garantiza la continuidad del modelo neoliberal, la acumulación sin límites por las grandes empresas, y la impunidad de las fuerzas armadas y policiales luego de la represión de las protestas contra el golpe y el actual régimen político.
Desde la usurpación y toma del cargo presidencial, ha continuado sin chistar con el mismo modelo económico que tuvo su consolidación más significativa desde los años 90, bajo la dictadura cívico-militar del fujimorato. Lo cual es algo que, por supuesto, complace sobremanera al gran empresariado y las potencias imperialistas, especialmente yanqui y china. La particularidad del neoliberalismo en América Latina, específicamente en el Perú, es su alto grado de corrupción. Es decir, se favorece abiertamente a determinados grupos empresariales nacionales y extranjeros, violando principios de competitividad que rigen la teoría del libre mercado. Esta contradictoria práctica, en realidad, se da en todos los países del mundo; pero en territorios como el Perú es más descarada (3). Un ejemplo de ello es la reciente licitación de tres lotes petroleros en Talara en detrimento de la empresa estatal Petroperú, aun cuando inversionistas extranjeros no han dado buenos resultados con la gestión del lote. Esta decisión la tomó el actual gobierno tras la presión de la Confiep (4). La depredación y el malbaratamiento de los recursos naturales se acentúa bajo el régimen de Boluarte.
Al mismo tiempo, se acaba de anunciar que la recaudación tributaria por concepto de la actividad minera ha descendido en un 47.6% en lo que va del año, aunque la actividad minera no haya descendido, sino que por el contrario ha aumentado en un 10%. Esto sucede porque Boluarte y su gobierno, fiel a su política complaciente al gran capital, tiene las tasas tributarias mineras más bajas de América Latina. En Brasil es 22%, en Chile 21%, mientras que en Perú es solo el 15,6%. Estos datos solo confirman que el gobierno de Boluarte no solo garantiza, sino que profundiza el modelo neoliberal. (5)
La mayor expoliación del pueblo peruano genera las condiciones para la continuidad de las manifestaciones sociales. Para enfrentarlas, el gobierno agudiza el carácter autoritario del Estado peruano. Una muestra de ello es la mencionada impunidad otorgada a las fuerzas armadas y policiales por los más de 70 muertos en el marco de las últimas protestas nacionales. En este contexto y en un esfuerzo por distraer a la población de los agudos problemas de nuestro país, el gobierno dictó el estado de emergencia en dos distritos de Lima y la ciudad de Sullana para supuestamente combatir la delicuencia. Esta medida permite una vez más la intervención del ejército lo que cimenta la militarización de la sociedad y el autoritarismo en el estado peruano. En el colmo del cinismo, la presidenta se va a la ONU y con el desparpajo más grotesco afirma que en el Perú se respeta los derechos humanos.
Siguiendo esta misma línea política, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que atenta contra las libertades de expresión, reunión y de prensa. Según el cual, serán perseguidos con pena de cárcel aquellas personas que “inciten actos violentistas”. Lo cual es una puerta abierta para perseguir y criminalizar aún más a activistas sociales y a periodistas independientes. (6)
Pero la mayor prueba que en Perú se consolida un sistema altamente autoritario es la represión contra los activistas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA); a quienes se les fraguó un vínculo con la desaparecida guerrilla maoísta del Partido Comunista del Perú, conocida como “Sendero Luminoso”, y también con la proscrita organización MOVADEF. La acusación fiscal atenta contra todos los principios del estado de derecho: se les acusa de terrorismo por haber participado en manifestaciones contra el régimen actual.
Como suele ocurrir, la izquierdista reformista no se ha pronunciado sobre esta injusticia. Es que la tal izquierda, hoy representada por personajes como Verónica Mendoza o Anahí Durand, nunca se solidarizará con ciudadanos ni ciudadanas sobre quienes se presuma alguna vinculación con “Sendero Luminoso”, aunque esta organización hace más de 20 años que no existe. No importa cuál sea la dimensión de la injusticia que se cometa contra hijos e hijas de nuestro pueblo.
Esa es una de las razones porqué la izquierda reformista no sale del hoyo en que se encuentra desde los años 80. Si niega proyectos revolucionarios, niega también toda crítica radical sobre las relaciones de dominación y explotación en la sociedad. Y las niega porque la izquierda reformista fue, desde un inicio, un proyecto orgánico al Estado peruano; al proponer tan solo reformas que mantendrán intacto el modelo capitalista dominante. Así, desde aquellos años 80, ha apoyado las candidaturas de todos los presidentes que han cimentado el modelo neoliberal en el Perú. Por ello, no sorprende que haya sido un denominado ‘outsider’ de la política, Pedro Castillo, quien haya llegado con las banderas de la izquierda a la presidencia del país el 2021.
Es por demás frustrante, para el pueblo peruano, que centró sus esperanzas en Castillo y Perú Libre, que se haya visto una vez más traicionado. Castillo, más allá de una verborrea populista e incendiaria, no dio ninguna medida para transformar las estructuras de poder. Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, se dedicó y dedica a hacer alianzas con la derecha en el parlamento, con el fujimorato, para librarse de procesos judiciales por corrupción. Dicho partido tuvo la gran oportunidad de intentar fortalecer su movimiento y movilizar bases; sin embargo, hizo lo que la izquierda reformista siempre ha hecho: atornillarse al escaño que le otorga quienes detentan el poder, y ya no dejarlo por nada.
Tanto Perú Libre, como la otra fracción de la izquierda reformista liderada por Verónica Mendoza, juegan un papel nulo o marginal en las últimas protestas multitudinarias que han sacudido al país desde las provincias del sur. Esto demuestra, una vez más, que aquella izquierda de viejo tipo está totalmente aislada del pueblo, de su sentir y demandas más urgentes, y que apenas resucita para las paródicas contiendas electorales. Las masas, especialmente de las provincias del sur, son las que lideran la protesta nacional. Son esas masas las que demuestran que solo queda persistir sin desfallecer . Solo nos queda obrar para que generen una propia vanguardia revolucionaria, capaz de llevar adelante transformaciones revolucionarias tan ansiadas por el pueblo peruano.
Notas:
(1) Ha pasado casi 100 años de lo que José Carlos Mariátegui señalara en El problema del indio respecto al “gamonalismo”, precisando que este comprende no solo “una categoría social y económica de latifundistas o grandes propietarios agrarios”, sino también “una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo”, retratando así de cuerpo entero, sin imaginárselo, a Boluarte actual presidenta del Perú.
(2) Pedro Castillo fue depuesto de manera ilegal, ya que no tuvo el antejuicio que le concede la Constitución vigente. Lo cierto es que, después de tal antejuicio, Castillo hubiera ido de igual manera a la cárcel porque pretendió dar un autogolpe, emulando a Alberto Fujimori en 1992. La diferencia es que a Castillo lo embaucaron, le hicieron creer que las Fuerzas Armadas lo apoyarían, y esto no sucedió. Castillo está en la cárcel sin visos que lo liberen.
(3) A propósito, es pertinente recordar la reciente censura y desaparición (a la usanza fuimontesinista) de la escultura “La Descarada” (una alegoría sobre Dina Boluarte y la represión gubernamental, y que generó gran impacto durante los pasacalles en el mes jubilar de Cusco), del artista José Luis Fernández Salcedo, “Chillico“. Además, este docente fue despedido luego de lo ocurrido de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito donde laboraba. Véase la noticia aquí: https://larepublica.pe/sociedad/202…
(4) Ver: https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3…
(5) No contentos con el ello, el Congreso regentado por la derecha y sus aliados de Perú Libre debate una ley que favorece la minería ilegal que devasta desde hace décadas el medio ambiente: https://muqui.org/noticias/pleno-de…
(6) https://www.idl.org.pe/pedido-de-fa…
(7) Según la Defensoría de Pueblo, entre diciembre de 2022 y setiembre de 2023 ha habido 1357 actos de protestas
FUENTE: EL DIARIO INTERNACIONAL
