El 20 de julio pasado, el gobierno presentó dos borradores de proyectos de ley que tienen que ver con la educación. Uno de ellos es el que se refiere a la ley estatutaria que «regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones» con el que se pretende ampliar la educación como derecho fundamental desde preescolar, que abarcaría el prejardín y el jardín desde los 3 años, articulándolo con la educación media y superior, además de crear el grado duodécimo (12°) no obligatorio, un examen adicional a la prueba saber llamada prueba ser, entre otras cosas. Hoy, el derecho a la educación según la Constitución del 91 está establecida desde los 5 hasta los 15 años y abarca apenas un año de educación preescolar y la educación básica, es decir, hasta grado noveno. Con la posible aprobación de esta reforma, se garantizaría, por lo menos en el papel, la educación desde preescolar hasta la universidad para cualquier persona que desee acceder y si el Estado niega ese derecho, se avecinan, por lo menos jurídicamente, una lluvia de tutelas para garantizarlo.
Sin embargo, existen varios cuestionamientos a la reforma. Al estar bajo la lógica capitalista de “la ganancia al mando”, será muy difícil que la burguesía suelte el negocio de la educación y que, por lo tanto, responda con los recursos públicos al gobierno para adelantar ese justo propósito de garantizar la educación como un derecho fundamental y no un servicio que pueden prestar los capitalistas a sus estudiantes o “clientes”. Si bien, históricamente el rubro de educación ha ocupado el segundo y en ocasiones, el primer puesto entre el presupuesto del Estado, es insuficiente el monto dedicado a la formación educativa de calidad y cobertura suficiente, especialmente para las clases empobrecidas del país y más si se tiene en cuenta que se tiene que seguir garantizando el programa de “Matrícula Cero” aprobado como Decreto durante el régimen de la mafia con Duque a la cabeza gracias a la lucha directa de las masas, y ahora, como Ley bajo el gobierno Petro. Esa será la gran zancadilla que las clases dominantes le podrán poner a esa reforma propuesta por el gobierno Petro, pues sin dinero suficiente, sin la aprobación del gasto fiscal para la educación, todo quedará en bonitos deseos.
Otros aspectos que no son tenidos en cuenta claramente en la reforma, son la estabilidad laboral e ingresos de los maestros y trabajadores de la educación (condiciones de contratación); la necesidad de ampliar la infraestructura física amplia y que sea de calidad (jardines, colegios, universidades, comedores, mobiliario, ayudas pedagógicas, tecnología de punta, etc.); la real garantía de que el acceso a la educación será fácil y universal, especialmente para las clases más oprimidas de la sociedad. Entre otros cuestionamientos o vacíos que son evidentes, como la implementación, los recursos, los tiempos reales, para que verdaderamente se ejecute esta reforma. Por ahora, el proyecto de ley debe ser aprobado por el Congreso de la República en una sola legislatura -donde el gobierno Petro ha tenido varios descalabros con otras reformas- y con mayorías absolutas; después debe pasar por el control de la Corte Constitucional y finalmente, si pasa esos filtros, llega a la sanción presidencial.
El otro proyecto de ley que va de la mano con el anterior, es el correspondiente a la reforma a la Ley 30 de 1992 «por la cual se fortalece el acceso a la educación superior, el financiamiento de las instituciones de Educación Superior estatales y el bienestar educativo, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación superior…», que se complementó, según el gobierno, con 561 aportes desde 97 ciudades, 58% profesores y 11% estudiantes principalmente, además de los encuentros y reuniones con la comunidad académica, rectores, estudiantes, profesores, administrativos, etc., un porcentaje y número de aportes bastante bajo, teniendo en cuenta que contó con apoyo (económico, logístico, etc.) directo del Ministerio de Educación Nacional. Hay que decir también, que las Asambleas que se llevaron a cabo en las diferentes universidades, no fueron independientes del gobierno, pues eran sus funcionarios los que citaban, imponían el orden del día, los tiempos, la participación, etc., con la anuencia de organizaciones estudiantiles pro-gobierno, como lo denunciaron colectivos estudiantiles independientes en su momento.
Uno de los grandes cambios en la financiación de la educación superior, es que esta reforma pretende que se mida, ya no con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino, con el Índice de Costos a la Educación Superior o lo que sea más alto, con lo que pretende que se garantice un incremento fiscal más acorde a los gastos que tiene la Educación Superior. Se intenta que el acceso a la educación ya no sea dependiendo de “las capacidades requeridas” a cada estudiante según la institución, sino, que si se aprueba el anterior proyecto de ley, “El estado garantizará de manera progresiva el derecho fundamental a la Educación Superior con base en principios de igualdad, equidad…(y) propenderá por la reducción de las desigualdades en la Educación Superior por motivos económicos, territoriales, de género,…”, además de darle prelación a las comunidades afrodescendientes e indígenas, entre otros.
De fondo, muchos de los artículos propuestos en ambas reformas, son beneficiosos para la niñez y juventud que aspira a estudiar sin que sus familias se endeuden por años. Pero al final, el querer quitar el enfoque mercantilista que tiene la educación hoy en día, es decir, que deje de ser un lucrativo negocio para un puñado de capitalistas, mediante vías constitucionales apenas, es un exabrupto que no será aceptado dócilmente por las clases dominantes. El reformismo mella la combatividad de las masas populares y en concreto, del movimiento estudiantil que históricamente ha sido rebelde, combativo, revolucionario. Para ello cuenta con agentes pro-gobierno dentro del propio movimiento estudiantil que canalizan esa rebeldía hacia la agenda institucional, que amarran la lucha y sólo permiten que se realicen marchas y movilizaciones según sean las reuniones en el Congreso y eso sí, bajo los parámetros de la paz entre clases, de la nociva “no violencia” que amansa el espíritu rebelde de la juventud combativa. Que siembran la falsa idea según la cual ahora estamos bajo “el gobierno del pueblo”, que “somos gobierno” y demás falsedades que intentan opacar u ocultar la lucha de clases y los inevitables enfrentamientos violentos entre el Estado asesino y las masas trabajadoras del país.
Para conquistar algo de la educación científica, de calidad, como derecho, al servicio del pueblo, es necesario conquistarla por medio de la lucha directa, presionando a los capitalistas en las calles mediante el bloqueo, la asonada, el tropel, interfiriendo con el podrido orden burgués establecido, con su reino de opresión y explotación capitalistas, no confiando en que mediante el establo parlamentario se van a conquistar los grandes cambios educativos que el pueblo necesita. Se requiere la unidad del movimiento estudiantil con el resto del pueblo trabajador, pues al fin y al cabo, la gran mayoría de los estudiantes en Colombia hacen parte de familias obreras y campesinas que con mucho esfuerzo logran enviar a sus hijos a la universidad. Sin olvidar que la educación que se imparte bajo un Estado dirigido por la burguesía, está limitada y condicionada por la necesidad del mercado, y no por la noble lucha del derecho a la educación para toda la población, que solo lo puede brindar un nuevo Estado donde la educación no sea un negocio, sino parte del desarrollo del ser humano; eso cuenta tanto para la posibilidad real del acceso a la educación, como por la calidad de la educación que se brindará a la población, y a los jóvenes en particular.
Unidad para la lucha, pues los estudiantes solos no pueden conquistar la educación que necesitan, es de la mano de los obreros y campesinos pobres, que lograrán doblegar al Estado burgués-terrateniente y conquistar sus justas aspiraciones. Es por medio de la lucha directa, de la Huelga Política de Masas que los capitalistas darán su brazo a torcer, pues no basta con que hayan montado un presidente para aprobar las reformas, y eso ya se demostró con la derrota de otras reformas en el Congreso.
Se requiere del papel de los comunistas revolucionarios para dar ideas al movimiento sobre la forma de organización independiente y para la lucha que pueden adoptar, como lo son las Asambleas Populares que no sean cooptadas por el gobierno y las Primeras Líneas o Grupos de choque que enfrenten en las calles a los agentes represores del Estado, entre otras formas organizativas que surjan de la iniciativa de las propias masas.
No basta luchar por este tipo de reformas, que son justas y necesarias. Se justifica la rebelión de las masas alzadas en lucha, dirigidas por su Partido político revolucionario que se encuentra en construcción en Colombia. Un Partido que oriente la destrucción violenta del Estado de los explotadores y del sistema capitalista en su conjunto, pues esa es la raíz que engendra un sistema que tiene a la educación como una mercancía más que le sirve para cualificar mano de obra barata para incorporar a la producción capitalista, que le sirva a los fines de las grandes potencias imperialistas y a la burguesía local.
La juventud del pueblo está llamada a ocupar el puesto de combate en ese Partido, pero antes, está llamada a luchar por construir ese dispositivo estratégico que necesita la clase obrera y la invitación es a que se comprometan no sólo con la lucha gremial o estudiantil, sino, a que vayan más allá y nutran las filas de esta organización pro-Partido revolucionario, para lograr de verdad avanzar en ese noble propósito de hacer triunfar la Revolución Socialista en Colombia como parte de la Revolución Proletaria Mundial, sistema bajo el cual la educación no será un negocio, sino que suplirá las necesidades académicas, formativas en diferentes aspectos para que realmente se sirva a la sociedad en su conjunto y deje ser un lucrativo negocio para un puñado de parásitos como sucede hoy en día.
