Al igual que ocurriera con los debates sobre el hiyab o la inmigración, la reforma legislativa que está preparando el gobierno del PSOE y Podemos con el adjetivo de “abolicionista” de la prostitución, está disfrazada de tintes humanitarios o incluso “feministas”, como si el otrora Estado opresor hubiera dejado de serlo.
El debate sobre la prostitución es una de las discusiones clásicas que desnudan la naturaleza de clase de una u otra postura. Nadia Krupskaia, dirigente bolchevique en los primeros años de la Unión Soviética escribía en 1920 que la herencia que el sistema capitalista había dejado a la Rusia soviética era la prostitución como fenómeno inherente a las condiciones de vida de la población. “La pobreza obliga a las mujeres a venderse”; “no son prostitutas que hacen negocio con esto, son madres de familia”. Escritos como éstos aparecieron en numerosas publicaciones comunistas que abordaban la naturaleza política y de clase de la prostitución.
En el caso español y en el debate surgido en los últimos años, se ha tejido una curiosa alianza entre el feminismo de las clases ilustradas y el Estado punitivo (en España, de carácter fascista)con el supuesto objetivo de erradicar la prostitución o abolirla, y donde el papel de esos movimientos consiste en asociar de manera mecánica prostitución y trata de personas. Las Brigadas de Trata, trístemente célebres en España por garantizar la impunidad del tráfico de personas en múltiples ámbitos (prostitución, trabajo en el campo, construcción, etc.) serán ahora quienes garantizarán una España libre de trata. Parece una broma, pero no lo es.
La penalización a los clientes de la prostitución ha sido un esquema en el que se han coaligado desde movimientos católicos hasta el llamado “feminismo histórico” ligado al PSOE, y en menor medida, al PCE y Podemos, que parecía imposible que coincidieran hasta ahora.
El mensaje que se transmite es que tras la opinión de una prostituta hay un proxeneta agazapado. No es casualidad que esta opinión se invoque bajo un gobierno etiquetado de “progresista”, donde las diferencias de clase han desaparecido, donde hay papeles para todos y donde las garantías frente al poder del Estado se respetan de manera exquisita.
Ironías aparte, la mal llamada “abolición” de la prostitución (igual que en otra época se habló de la “abolición de la esclavitud”) está siendo enmarcada en un dispositivo delictivo y sometido a vigilancia estatal, en cuotas nunca vistas hata ahora.
Lilian Mathieu, sociólogo francés que ha estudiado la ejecución de la legislación “abolicionista” en Francia y Suecia, decía que “en la década de los 90, la figura que rodeaba a las políticas públicas sobre prostitución era la trabajadora social, con la idea de ayudar a las que consideraba “pobres mujeres” a salir de la calle y encontrar un verdadero trabajo. Hoy el personaje central es el policía y está ligado a que hoy, en el debate político francés, hay que legislar y castigar”.
Esto se puede ver también en el terreno del desempleo. El problema del desempleado no reside en la pobreza sino en la pereza y hay que castigarlo si no quiere trabajar, retirándole el subsidio. Hay que controlar si busca realmente un nuevo trabajo pero siempre se lo ve como sospechoso. O en de la vivienda; no tener recursos para pagar un alquiler te convierte en potencial sospechoso de okupación.
No es un tema de justicia social. En relación a las prostitutas, la idea es que han sido forzadas a prostituirse, y la respuesta del Estado es liquidar el burdel y devolverlas al país de donde nunca deberían haber venido. En este esquema, el llamado “abolicionismo” echa tierra encima de las causas que motivan el ejercicio de la prostitución, cuando en realidad estamos hablando de una legislación de orden público.
Pero siempre habrá izquierdistas de salón que con la pureza que les caracteriza hablarán de la dignidad de las mujeres, que por supuesto estarán mucho más seguras bajo la vigilancia de las brigadas de la policía, porque la policía, bajo un gobierno “feminista”, es mucho mejor.
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