La deuda neocolonial de Puerto Rico

La deuda neocolonial de Puerto Rico

Por Pierre Gottiniaux

En 1898, los Estados Unidos declararon la guerra a España con el fin de «liberar» Cuba de la dominación española. Una derrotada España firmó el Tratado de París en diciembre de 1898 por el que concedió la independencia a Cuba. Por ese mismo tratado cedió a Estados Unidos el control sobre varios territorios de ultramar, entre los que se hallaba Puerto Rico —los otros fueron Filipinas que consiguió la independencia en 1946, y Guam, una isla del Pacífico que continúa estando bajo control estadounidense, con un estatus equivalente al de Puerto Rico.

Con el tiempo, Puerto Rico obtuvo una autonomía parcial en 1952, pero esta isla nunca logró la independencia ni tampoco su incorporación plena a Estados Unidos. A pesar de que los puertorriqueños tienen la nacionalidad estadounidense solo gozan de sus derechos si migran al continente. Pueden votar para elegir su gobernador pero no pueden participar en la elección del presidente de Estados Unidos. Sus importaciones están totalmente controladas por el gobierno federal, de acuerdo a una ley colonial de 1920, la Merchant Marine Act, que estipula que cualquier mercadería destinada a Puerto Rico debe ser librada en el continente y luego llevada hasta la isla en barcos estadounidenses. Finalmente, y al contrario de todas las otras comunidades territoriales estadounidenses ya sean ciudades o estados, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota, como lo hizo Detroit en 2013. Ese acto le permitiría renegociar su deuda sin la amenaza de demandas judiciales que los acreedores siempre llevan a cabo en este tipo de situación. En realidad, sigue siendo una colonia estadounidense y, una vez más, así lo confirma la historia reciente de esta isla con una deuda colosal.


Una deuda odiosa e insostenible

Actualmente Puerto Rico se hunde bajo una deuda de cerca de 73.000 millones de dólares que, en relación a su población, es 10 veces superior a la media de los diferentes estados de Estados Unidos. El origen de esta deuda proviene en gran parte del estatus colonial de Puerto Rico y de la dominación estadounidense sobre este territorio. Gracias a una serie de ventajas fiscales, especialmente la famosa triple exención de impuestos sobre los títulos de la deuda portorriqueña, |1| se transformó durante un tiempo en paraíso fiscal para empresas e inversores estadounidenses. La crisis de 2008, el descenso del turismo y las medidas de austeridad tomadas en los últimos 15 años han acabado de definir el estado de la isla.

Las consecuencias de esta situación son simplemente desastrosas para la población, que sufre una verdadera crisis humanitaria con un agravamiento de la pobreza y de las desigualdades. Cierran cientos de escuelas, también lo hacen los hospitales por falta de medios y de personal; la emigración hacia el continente estadounidense llega a niveles récord —ha pasado de una decena de miles de personas por año antes de 2010 a una media de 48.000 personas por año entre 2010 y 2014— y la seguridad social está en vías de desintegración: reducción de salarios, aumento de las cotizaciones, reducción de las prestaciones… Ahora, en Puerto Rico, más del 50 % de los niños y niñas viven por debajo del umbral de la pobreza.

Estos diferentes elementos demuestran por sí mismos que la deuda de Puerto Rico es mayoritariamente odiosa, debido al estatus colonial de la isla, e insostenible por los funestos efectos sobre la población que provoca su reembolso y el pago de sus intereses. Esta deuda debería por lo tanto ser repudiada por un acto unilateral del gobierno de Puerto Rico, que, a continuación, debería tomar medidas para garantizar los derechos fundamentales de su población. Pero para ello se necesita una fuerte voluntad política, progresista e incluso radical, que el gobierno de Puerto Rico está muy lejos ni siquiera de considerar. Durante las elecciones nacionales de noviembre de 2016, los habitantes—recordemos que no pueden votar en la elección del presidente de Estados Unidos— fueron llamados a votar para elegir al nuevo gobernador. Ganó un representante de la derecha, con un programa de saneamiento de cuentas y, por consiguiente, una política de austeridad, con la intención de hacer de Puerto Rico un estado incorporado a Estados Unidos, la 51ª estrella de la bandera —una propuesta por la que Trump mostró cierto interés durante su campaña, pero que no creemos que se vaya a aplicar debido, sobre todo, a la enorme deuda de Puerto Rico, y a las diferencias fundamentales en cuanto a nivel de ingresos, protección social, etc.


Una deuda ilegal

Los movimientos sociales hicieron suyo el problema de la deuda, y en especial demandan la realización de una auditoría para determinar claramente sus orígenes y su eventual carácter odioso, ilegítimo, ilegal o insostenible, con el fin de reclamar la anulación total o parcial, basándose en argumentos fundamentados en el derecho nacional e internacional. El colectivo VAMOS4PR, que reúne a organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de cargos electos locales y de simples ciudadanos y ciudadanas, constituyó una comisión de auditoría. Ya han sacado un primer informe señalando varios indicios de ilegalidad de la deuda de Puerto Rico. Desgraciadamente la comisión no se ha reunido desde hace varios meses, por falta de medios y el trabajo se ha interrumpido. De todas maneras podemos retener las pistas suministradas, que sugieren que una gran parte de la deuda de Puerto Rico es ilegal, ya que fue contraída en oposición a la Constitución de la isla. Efectivamente, ésta fija varias obligaciones para el gobierno tales como:

  • El mantenimiento de un presupuesto equilibrado y la prohibición de pedir préstamos para acabar con el déficit. Sin embargo, Puerto Rico se endeudó en más de 30.000 millones de dólares para financiar su déficit desde 1979.
  • La prohibición de gastar más del 13 % de sus ingresos en el pago de los intereses de la deuda. Actualmente, este gasto oscila entre el 14 y el 25 %.
  • La prohibición de emitir títulos con un vencimiento superior a los 30 años. No obstante, el gobierno de Puerto Rico transforma la deuda en una «bola de nieve», como pasa en casi todos los países del mundo, o sea que se endeuda para reembolsar las deudas anteriores. La comisión cita como ejemplo una deuda emitida en 2014, contraída para refinanciar una deuda emitida en 2003, y esa misma deuda se contrajo para refinanciar una deuda de 1987.

Estas pistas son serias y merecen que se las estudie en profundidad. Y no son las únicas: otros investigadores y economistas se vuelcan con la deuda de Puerto Rico, señalando con el dedo, por ejemplo, el papel de los bancos privados…


Una deuda ilegítima

Es interesante comprobar hasta qué punto los bancos pueden ser creativos cuando se trata de encontrar los medios para enriquecerse a costa de otros. Respecto a esto, casi nada se escatimó en Puerto Rico. A pesar del hecho de que la Constitución de la isla contiene normas muy estrictas sobre la gestión de la deuda pública, el Estado y las empresas públicas consiguieron, con la ayuda de los bancos, alcanzar un grado de endeudamiento absolutamente escandaloso. Y esto gracias, especialmente, al fenómeno de la capitalización de intereses, que interviene en varios niveles:

Los CAB (Capital Appreciation Bonds): éstos son obligaciones sobre las que el emisor no pagará los intereses ni reembolsará el capital hasta el vencimiento del título. Pero, mientras tanto, cada año los intereses acumulados se convierten en capital y se agregan al capital inicial. Al año siguiente, los intereses serán, por lo tanto, calculados sobre el capital total, es decir el capital inicial aumentado por los intereses de los años precedentes. En el caso de Puerto Rico, ese sistema se revela particularmente remunerador para los inversores ya, que según un estudio, |2| sobre los 37.800 millones de dólares de deuda CAB de Puerto Rico, el capital inicial representaba apenas 4.300 millones de dólares. Se habla, por consiguiente, de un monto de 33.500 millones de dólares de intereses, y por lo tanto, de beneficio para los bancos. Si se calcula sobre títulos clásicos, equivaldría a un tipo de interés del ¡785 %! |3|

La refinanciación de la deuda: si bien ilegal con respecto a la Constitución, Puerto Rico parece que fuera un maestro en el arte de hacer que su deuda disfrute del efecto «bola de nieve», es decir contrae nuevas deudas para poder reembolsar las antiguas. Aunque es una práctica corriente en la mayoría de países, llega a su máxima expresión en lo que concierne a la isla. Puerto Rico y todas las empresas públicas acumulan actualmente 134.000 millones de dólares de deuda, de los que cerca de la mitad, exactamente 61.500 millones de dólar, fueron emitidos para refinanciar viejas deudas. Pero estas refinanciaciones no fueron realizadas para aprovechar tipos de interés más interesantes, o porque los viejos títulos llegaban al vencimiento y el gobierno de Puerto Rico y sus empresas públicas no podían, de ninguna manera, pagarlos. Esta multiplicación de operaciones de refinanciación de la deuda puertorriqueña proviene del gran interés de los bancos y de los inversores por los títulos de la deuda pública de Puerto Rico, ya que los inversores estadounidenses se benefician de una triple exención de impuestos (locales, estatales y federales, caso único en Estados Unidos), y de tipos de interés cada vez más altos a medida que la situación se deteriora (¿la ironía de la suerte?). Los bancos, por consiguiente, alentaron a Puerto Rico a provocar el efecto «bola de nieve», para que rodara a un ritmo desenfrenado, lo que permitía emitir un máximo de títulos que los inversores arrancaban de sus manos. Agreguemos que cuando se refinancia una antigua deuda, los intereses que aún se deben son transformados en capital en la nueva deuda. Por lo tanto, los intereses se deben calcular sobre una suma más grande que la anterior. Encontramos de nuevo el fenómeno de capitalización de intereses.

La capitalización de intereses plantea un doble problema para el prestatario: aumenta considerablemente el coste del servicio de la deuda, ya que transforma lo que es el beneficio de los inversores (el monto de los intereses) en una nueva deuda, añadida al monto inicial de la deuda original. En el caso de los CAB, las cifras son particularmente significativas: sobre los 37.800 millones de dólares de deuda CAB correspondientes solo a Puerto Rico, el capital inicial representa apenas 4.300 millones de dólares. La diferencia, es decir 33.500 millones de dólares, es el interés, por lo tanto la renta de los inversores transformada en deuda sobre la que se aplica un nuevo tipo de interés. Además del hecho de que una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico permitiría calificar a una gran parte de la deuda puertorriqueña como odiosa, ilegal, ilegítima e insostenible (aunque no fuera toda la deuda), la auditoría y sus conclusiones permitirían igualmente revelar una serie de prácticas ampliamente desconocidas por el gran público, y que, sin embargo, tienen un impacto directo sobre la vida de las poblaciones. Es importante que esas prácticas, que no tienen otra finalidad que aumentar el beneficio de una minoría privilegiada, sean reveladas, puestas al conocimiento del público, comprendidas, para, finalmente, conseguir que se vuelvan inoperantes. Sin hablar de evidenciar las responsabilidades… ¿Quien firmó los contratos CAB de Puerto Rico? ¿En interés de quién? ¿Cómo puede ser que una minoría de personas haya podido engañar a una cantidad tan grande de gente?


PROMESA: conflictos de intereses neocoloniales

Para aportar una respuesta a la crisis de la deuda de Puerto Rico —sin preocuparse en lo más mínimo de la crisis humanitaria que lo acompaña— el gobierno federal de Estados Unidos sacó la artillería pesada, con nada menos que un mini FMI casero llamado Fiscal Control Board, o sea una Comisión de Control Fiscal, a la que los habitantes de Puerto Rico le han dado el sobrenombre de La Junta. Esta Comisión instituida por la ley PROMESA, aprobada en julio de 2016, está formada por siete miembros, de los que cuatro son nombrados por el grupo republicano de la Cámara de Representantes y los otros tres por el grupo demócrata. También es miembro de la Comisión el gobernador de Puerto Rico, pero sin ningún poder de decisión ni derecho a voto. La función de dicha Comisión es restaurar la «responsabilidad fiscal» del gobierno de Puerto Rico y así permitir que acceda, nuevamente, a los mercados financieros para financiar sus inversiones. Pero la Comisión no tiene por misión «reflotar» Puerto Rico ya que no se trata de un rescate tal como se hizo con los bancos. El dinero que falta tendrá que ser encontrado en el mismo Puerto Rico, mediante una sabia mezcla de recortes en los gastos públicos, de despidos y de privatizaciones. Para los que no conocen bien esta receta: es exactamente la misma que la de los Planes de Ajuste Estructural, del Documento Estratégico de Reducción de la Pobreza, de la Iniciativa PPME, de los memorandos griegos y de otras alegrías del mismo tipo aplicadas por más de 30 años a gran escala, sin que hayan producido algo más que un rancho infame del que solo algunas rapaces se aprovechan.

Aparte de su programa, que no aportará ninguna mejora a la situación económica de Puerto Rico y agravará aún más la situación ya dramática en la que se encuentra la población, esta Comisión plantea muchos problemas en varios ámbitos:

  1. Está impuesta por el gobierno federal de Estados Unidos, que el pueblo puertorriqueño ni siquiera puede elegir.
  2. Tiene el poder de llevar a cabo reformas neoliberales profundas, que siempre sirvieron solo para engendrar más miseria, desigualdades y gran dependencia económica, sin obligación de consultar al Parlamento de Puerto Rico, muy al contrario.
  3. Está formada por personas muy alejadas de la realidad cuotidiana de la población de Puerto Rico, y sus miembros puertorriqueños tienen una gran responsabilidad en la situación económica actual de la isla.
  4. Los conflictos de intereses manchan sus currículum, incluso antes de que se realizara su primera reunión. (Véase recuadro)

En resumen, la instauración del Fiscal Control Board refuerza más la dominación colonial de Estados Unidos respecto a Puerto Rico y la legitima al calificar a los antiguos gobiernos de Puerto Rico como irresponsables, debiendo situarse bajo la autoridad superior de la Comisión de Control Fiscal.

Los miembros de la Comisión

El Fiscal Control Board está formado por siete miembros y el gobernador de Puerto Rico, pero éste no dispone derecho a voto en la toma de decisiones. Entre esos siete miembros, cuatro fueron nombrados por los miembros republicanos del Congreso y tres por los demócratas. Además, cinco de entre ellos tienen relaciones con las instituciones financieras del sector público y del sector privado.

José B. Carrión III: director de una compañía de seguros, es el presidente de la Comisión. Es un hombre que tiene un entorno particularmente bueno: su padre era el director del banco más grande de Puerto Rico, el Banco Popular (y ahora es un primo suyo el que ocupa ese puesto). Su hermana trabaja para un banco de negocios y también es consultora en Wall Street. Está casada con el representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, Pedro Pierluisi, acusado de introducir unas leyes que benefician a los clientes de su esposa.

Andrew G, Biggs: republicano, ferviente partidario de la privatización de la seguridad social y de los recortes en las pensiones cuando era consejero económico de Bush hijo. Por sí solo, hace mentirosa la promesa de la Casa Blanca de que la ley PROMESA protegerá las pensiones.

Carlos M. García: ex ejecutivo del banco Santander, actual presidente del Banco de Desarrollo de Puerto Rico, forma parte de aquellos que pusieron en marcha el sistema de capitalización de intereses (anteriormente desarrollado), al mayor provecho de su antiguo empleador. También es el orfebre de la Ley 7, que permitió al gobierno declarar temporalmente una urgencia fiscal y despedir a miles de empleados del sector público en respuesta a la crisis financiera. |4| Es necesario señalar que la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) condenó al banco Santader a una multa de 6,4 millones de dólares por haber revendido en forma fraudulenta títulos de la deuda portorriqueña a particulares, sin informales previamente del riego que asumían.

José R. González: es también ex ejecutivo del banco Santander en Puerto Rico, junto a Carlos M. García. Trabajó igualmente en varios bancos, entre otros, el Crédit Suisse en Boston.

Arthur J. González: estuvo largo tiempo en el IRS (el fisco estadounidense), luego fue abogado privado de grandes sociedades, y continuó su carrera como juez en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos (United Status Bankruptcy Court). Tuvo la «suerte» de trabajar en las tres mayores quiebras de los últimos años (Enron, WorldCom y Chrysler, faltándole solamente Lehman Brothers)

Ana J. Matosantos: la única mujer de la Comisión, ex directora del departamento de finanzas de California y actual presidente de Matosantos Consulting.

David A. Skeel Jr.: profesor de derecho de quiebras.

Con semejante equipo, una sola cosa es segura: los acreedores de Puerto Rico pueden dormir tranquilos. Estas personas tienen casi todas importantes lazos con el sector privado, incluso directamente con algunos acreedores del propio Puerto Rico. Parece evidente que se empeñarán en defender los intereses de los acreedores, y ciertamente no los de la población.

Como una anécdota: uno de los consejeros de Rob Bishop, el republicano autor de la ley PROMESA, se llama Bill Cooper. Este último escribió una parte de la ley PROMESA, la que concierne a la transición energética de la isla a gas natural, y se intuía que podía ser el presidente de la Comisión de control. Finalmente, tuvo que renunciar, por conflictos de intereses. |5| Bill Cooper había olvidado mencionar que había sido presidente del Centre for Liquefied Natural Gas(Centro para el Gas Natural Licuado), el grupo de presión de los productores y transportadores de este combustible.

Desgraciadamente, tenemos ante nosotros un caso casi de manual, con todos los ingredientes clásicos de la sumisión forzada de los pueblos: colonialismo y neocolonialismo; intereses de una minoría privilegiada ampliamente favorecidos; leyes burladas; derechos humanos y democráticos de la población no respetados. La deuda de Puerto Rico debería ser anulada integralmente, pero hay pocas posibilidades de que eso ocurra. Una auditoría integral de la deuda, llevada a cabo con una participación ciudadana activa, permitiría demostrar la ilegitimidad de la deuda puertorriqueña y sensibilizar a la opinión pública, siempre y cuando los movimientos sociales hagan suyos los resultados de la auditoría. Se debe mantener la presión sobre las autoridades para reclamar el repudio de la deuda y un verdadero cambio de rumbo político.


Traducido por Griselda Pinero

 

Notas

|1| Para más detalles, véase Puerto Rico: La auditoría en curso ya revela una deuda ampliamente ilegal, CADTM, 5 de julio 2016

|2| ReFundAmerica Project, Puerto Rico’s Payday Loans, 30 de junio de 2016

|3| Esta práctica detestable de capitalización de intereses esta prohibida o muy controlada en varios países como Italia, Suiza o Ecuador (en éste desde de la adopción de la nueva Constitución en 2008). Está claro que el anatocismo (la capitalización de los intereses) está tolerado en muchos países porque los acreedores lograron legalizar un comportamiento usurero. Por ello es que la Constitución ecuatoriana de 2008 lo prohíbe. Esto tendría que formar parte de las disposiciones que se deberían introducir en todas las constituciones.

|4| Véase État d’urgence sur la dette de Porto Rico, CADTM, 19 de abril 2016.

|5| Véase http://caribbeanbusiness.com/cooper…

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