VOCES Y ECOS
RAFAEL PERALTA ROMERO
rafaelperaltar@gmail.com
Especial para Quisqueyaseralibre.com
Si el Gobierno no hubiese hecho el esfuerzo para adquirir las vacunas
contra el coronavirus tomando en cuenta a toda la población, hay que
suponer que el país fuera un escenario de protestas, encadenamientos de
personas, críticas de los excluidos y acusaciones de criminal al propio
presidente de la República, Luis Abinader.
Ya que estamos imaginando, imagine que en este momento gobernara el
PLD (Medina, el Penco o quien fuera) y aplicara con las vacunas lo que
solían hacer ellos con otros bienes y servicios públicos. Primero a los
dirigentes del PLD, luego vacunación a escondidas solo a los suyos,
mientras los demás gritaban de impotencia.
Me permito suponer también a los pulpos vendiendo por miles de pesos
una oportunidad para vacunarse. Vislumbro que ahí estarían justificadas
las actitudes de los pesimistas negados a inyectarse y de quienes
pregonan el artificio de la colocación de un chip en el vacunado que sería
como una marca apocalíptica.
En estas circunstancias, el presidente Luis Abinader ha asumido la
conducta que corresponde a un estadista y no solo adquiere vacunas para
todos los ciudadanos, sino que gasta esfuerzos en persuadir a individuos
escépticos para que acudan a inocularse contra el fatídico virus, cuyos
efectos están a la vista.
Palpitan en estos días en las redes sociales las ideas en torno a la posible
obligatoriedad de la vacuna. Incluso, que se introduzca mediante ley,
propuso a través de un tuit el brillante jurista Emmanuel Esquea. Muchas
respuestas hubo a favor, pero también asociaron su propuesta al
trujillismo. Un elogio para la nefasta Era.
Esta columna predijo, cuando el Gobierno inició el proceso de vacunación,
en febrero de este año, que estar inmunizado contra covid19 sería
requerido para obtener un empleo, casarse o viajar al exterior. Muchas
voces ahora me dan la razón. Ya algunas instituciones públicas lo exigen a
su personal para preservar el empleo
La negativa a inocularse podría considerarse un derecho, pero no para
quienes viven en sociedad. Esa prerrogativa ha de limitarse para aquellos
que lleven vida de anacoretas: no compran ni venden, no estudian ni
enseñan, no acusan ni defienden, no se congregan en templo alguno ni
socializan con nadie.
Solo con la vacuna aminoraremos los efectos del letal coronavirus,
responsable de más de cuatro millones de muertes en el mundo, cerca de
cuatro mil en República Dominicana. Negarse a recibir la vacuna refleja
ganas de excluirse para quejarse de la exclusión. Es un acto de pura
irresponsabilidad social.
