¿»Acuerdos transicionales» en Bolivia que preservarán la impunidad de los golpistas?
«Hace ya algunos meses en un artículo nuestro – escribe Aday Quesada – advertíamos que algo empezaba a oler a chamusquina después de la arrolladora victoria del MAS de Evo Morales frente al gobierno golpista que había impuesto la OEA latinoamericana y la embajada estadounidense. Escribíamos entonces que el «respeto» que estaba mostrando la montaraz derecha boliviana ante el resultado electoral estaba determinado por acuerdos previos entre los nuevos titulares del Ejecutivo y la derecha que desde el 2019 ocupaba ilegítimamente las instituciones del Estado (…)
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL
Desde los primeros momentos en los que se conocieron los resultados de la victoria electoral del «Movimiento al Socialismo» (MAS) de Evo Morales, empezaron a correr insistentes rumores de que los golpistas se mostrarían respetuosos con el triunfo electoral del MAS, si el nuevo gobierno les prometía la impunidad por sus crímenes y se les ofertaba la posibilidad de integrarse en la nueva situación institucional que se abría en el país.
Hace ya meses, coincidiendo con aquella victoria electoral arrolladora del MAS, habíamos apuntado en un artículo que existían fuertes evidencias de que el «respeto» que estaba mostrando la montaraz derecha boliviana ante el resultado electoral venía determinado por acuerdos previos entre los nuevos titulares del Ejecutivo boliviano y la oposición derechista. Desgraciadamente nada parece estar indicando, – pese a las airadas protestas formuladas entonces por algunos de nuestros lectores -, que aquellas arriesgadas presunciones nuestras eran erróneas. Será, no obstante, la futura dialéctica con la que se desarrollen los acontecimientos en ese país la que nos permitirá dilucidar si la «transición» boliviana fue o no «pactada», y cuál fue el precio que el nuevo gobierno tuvo que pagar por ella.
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En cualquier caso, con «pactos» o sin «pactos», los que parecen está resueltos a que no se produzca la impunidad de los golpistas son sus propias víctimas y sus familiares, que el pasado fin de semana se echaron a las calles de la ciudad de La Paz para impedir que la impunidad de quienes protagonizaron el golpe pueda cumplirse. El movimiento indigenista está reivindicando en sus manifestaciones no sólo que la «ex presidenta» Jeanine Áñez sea sometida a juicio, sino que también sean procesados cinco de sus ministros, así como los militares que protagonizaron la masacre de Senkata, en la que murieron casi medio centenar de manifestantes que protestaban en contra del Golpe.
En el procedimiento judicial que se han abierto a la «ex presidenta« Áñez, que ha determinado su detención preventiva durante los próximos cuatro meses, sólo aparecen 13 personas encausadas. De ellos, tres que habían sido ministros durante la dictadura de Áñez, ya han puesto pies en polvorosa y han huido del país.
Una portavoz del movimiento indigenista de víctimas de golpe de Estado, reclamó este fin de semana ante los edificios de los juzgados de La Paz que
«que la señora Añez y sus ministros sean sometidos a juicio por sus responsabilidades criminales durante el golpe de Estado. Aquí tendría que estar también preso el señor Arturo Murillo, ya que ese 19 de noviembre, durante la masacre de Senkata, él estuvo vestido de militar y dio las órdenes de disparar en contra nuestros compañeros».
«Hoy estamos ante las puertas del juzgado donde se va a llevar la audiencia de la señora Áñez. No podemos decirle ‘ex presidenta’, porque en ningún momento ella se sometió a la votación del pueblo de Bolivia. Este proceso se le está haciendo como ex senadora, pero no como golpista. Nosotros no podemos permitir que se nos olvide lo que ha hecho».
La presidenta de esta Asociación de víctimas de los crímenes de la dictadura, fue muy clara respecto a que es lo que está reivindicando su movimiento:
«Pedimos que a esta causa se incorporen también los crímenes cometidos en las masacres. Estamos en la puerta del juzgado para escuchar la audiencia. Esto no puede quedar en la impunidad, porque lo que ha sucedido no tiene olvido, ni perdón».
Pese a que las manifestaciones y concentraciones de los últimos días reivindican el enjuiciamiento de Áñez, de cinco de sus ministros y de siete militares y policías que tuvieron responsabilidades definitivas en el derrocamiento de Evo Morales, el gobierno actual no se está mostrando muy predispuesto a facilitar que esas aspiraciones de los movimientos indigenistas sean cumplidas.
La renuencia del Ejecutivo del MAS a que los responsables del pasado Golpe de Estado terminen purgando sus delitos en prisión, parece estar siendo condicionada por la oposición de los llamados poderes fácticos – traduzcase, el Ejército -, así como de la Iglesia Católica que mantuvo un silencio cómplice cuando la cúpula militar decidió que se anularan los resultados electorales. Ni que decir tiene que la patronal boliviana está igualmente en contra de el enjuiciamiento de las protagonistas del golpe y las subsiguientes masacres.
El argumento para que la impunidad sea premiada lo ha expresado este lunes la propia «ex presidenta» golpista Jeanine Áñez, en una frase que, sin duda, pasará a los anales de la historia de ese país:
«Tenemos que defender el Estado de Derecho, porque si no lo hacemos será una tierra de nadie»
No son pocos los comentaristas políticos latinoamericanos, ubicados en el espectro de la izquierda, los que comienzan a interrogarse si los cambios que se han operado en Bolivia están siendo sometidos a una suerte de «edulcuracion transicional» como ocurrió en el Chile post Pinochet, en el que los auténticos perdedores volvieron a ser aquellos que ya habían sido derrotados por el golpe pinochetista de 1973. Un modelo de transición, por cierto, del que España sirvió de arquetipo a imitar para todos aquellos países latinoamericanos que recién salían de las dictaduras militares.
https://canarias-semanal.org/art/30038/una-transicion-a-la-boliviana
