Muerte a muerte, convertir las comunidades estadounidenses en zonas de guerra

El mensaje es: “si tu piel es oscura, no mereces vivir”

Muerte a muerte, convertir las comunidades estadounidenses en zonas de guerra

 

TomDispatch

 

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

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La policía mata en la Ciudad del Amor

Introducción de Erika Eichelberger

En uno de los vídeos del asesinato de Mario Woods por parte de la policía de San Francisco el pasado diciembre que más han circulado en los teléfonos celulares, es posible oír los gritos de la joven que estaba filmando esa muerte. “Mierda, ¿estáis bromeando?”, chilla ella una y otra vez a la multitud de policías que rodea al joven negro. Según la policía, Woods se negó a dejar caer el cuchillo de cocina que, según ellos, él tenía en la mano. De cualquier modo estaba tratando de alejarse de los agentes. “¿Teníais necesidad de dispararle tantas veces, carajo?”, grita la chica.

Un dictamen del Tribunal Supremo establece que los agentes de policía están autorizados a emplear fuerza letal cuando se cumplen dos circunstancias: bien para proteger su propia vida (o la de un inocente), o bien para evitar que el sospechoso escape en tanto los policías consideren que está a punto de matar o herir gravemente a otra persona.

¿Creían realmente los agentes que Woods –que en el vídeo aparece mucho menos corpulento que los cinco policías que dispararon contra él y que claramente está intentando poner distancia– se volvería de repente contra los agentes y mataría quizás a uno o más de ellos? ¿De verdad pensaban que Woods, que acababa de ser rociado con gas pimienta y aporreado a conciencia estaba a punto de dar muerte a algún inocente que pasara por ahí?

Cualquiera de las dos posibilidades parecen absurdas, pero la ley tiene mucha fe en la credibilidad de los temores de un oficial de policía. En el marco de los criterios legales manejados por la policía para el uso de la fuerza letal, la existencia de una amenaza real raramente importa, en la medida que el agente crea que la existencia de esa amenaza es “objetivamente razonable”. En esa confianza, hay espacio suficiente para el inconsciente sesgo racial. Resulta difícil aceptar que esos cinco policías no podrían haber encontrado otra forma de neutralizar a Woods como no fuera matándolo, pero como señaló Dara Lind en Vox’s en el pasado diciembre: “Se dan muchos casos en los que un agente de policía podría justificar legalmente su empleo de fuerza letal porque sentirse amenazado, a pesar de que en la situación no haya una amenaza real”.

Agreguemos un elemento más: los policías son entrenados para disparar a matar, no para herir. Son instruidos para disparar al pecho porque esto hace más probable que acierte. Si se combina la inimputabilidad legal de la opinión de un policía con los impulsos racistas, prácticamente ninguno de nosotros puede escapar a la lógica del modus operandi “mata-no-captures”. Y así se llega a la sobrecogedora cifra de 1.134 muertes por disparos de los agentes del cumplimiento de la ley en Estados Unidos durante el año pasado, una cifra que cualquiera supondría propia de una auténtica zona de guerra. Entre quienes murieron a manos de la policía en 2015, las víctimas más probables –nueve veces más que cualquier otro estadounidense – fueron hombres jóvenes negros.

Ninguna ciudad es invulnerable a esta epidemia estadounidense de asesinatos policiales a la que solo recientemente se ha empezado a prestar bastante atención, ni siquiera un bastión del progresismo como es San Francisco. En su nota más reciente, Rebecca Gordon, colaboradora habitual de TomDispatch, cuyo nuevo libro, American Nuremberg: The U.S. Officials Who Should Stand Trial for Post-9/11 War Crimes, será publicado en abril, echa una mirada sobre los asesinatos en los que están implicados los agentes del orden de la “Ciudad del Amor”.

* * *

Cuando se trata de los afroestadounidenses, la policía convierte a San Francisco en una ‘Bagdad junto a la Bahía’

En la foto, cinco de las bailarinas de Beyoncé –vestidas de cuero negro y con boinas negras– levantan el puño con el saludo del Poder Negro. La mujer del medio muestra a la cámara un cartel hecho a mano en el que se lee “Justicia para Mario Woods”. Detrás de ellas, la multitud en el estadio Levi, sede del equipo de ‘San Francisco 49ers’, está a punto de ver la segunda mitad de la Super Bowl 50, pero los verdaderos fuegos artificiales del partido ya han quedado atrás.

Las mujeres de la foto acababan de respaldar a Beyoncé* en su homenaje a los Panteras NEgras y Malcom X durante su espectacular aparición en el descanso, cuando dos activistas de “La vida de los negros importa” de la zona de la bahía de San Francisco consiguieron cruzar algunas palabras con ellas. Rheema Emy Calloway y Ronnisha Johnson les pidieron si podían grabar un breve vídeo para exigir justicia por la muerte de Mario Woods. “Por la expresión de las bailarinas, supimos que ellas ya conocían el caso”, le dijo Calloway a The Guardian.

¿Quién era Mario Woods y por qué Calloway y Johnson querían que el mundo supiera que su vida importaba? La respuesta es esta: el 2 de diciembre de 2015, Mario Woods fue ejecutado a la luz del día por agentes del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés), y el suceso fue filmado.

Woods era un afroestadounidense de 26 años nacido y criado en el barrio Bayview de San Francisco, uno de los pocos que quedan con mayoría negra en la ciudad (en 1980, poco antes de que yo me mudara a San Francisco, los afroestadounidenses eran casi el 13 por ciento de los habitantes de la ciudad. Hoy día, son el 6 por ciento y la cifra está reduciéndose). Woods fue muerto cuando los policías trataban de detenerlo porque creían que esa mañana él había herido con un cuchillo a un hombre en el brazo. Como muchas víctimas de la violencia policial, Woods tenía problemas mentales. Ciertamente, el informe toxicológico realizado en ocasión de su autopsia mostraba que, en el momento de su muerte, en su organismo había una potente mezcla de fármacos (recetados y dosificados por él mismo, sin intervención médica): un antidepresivo, speed y marihuana.

Pero lo que concedió a Mario Woods una breve notoriedad fue la forma en que murió. Su muerte, como fue el caso de las bailarinas de Beyoncé, fue grabada en vídeo. Mucha gente vio lo que la CNN describió como “un mar de agentes de policías” alrededor de Woods que le disparaban hasta matarlo. Por lo menos dos personas registraron con su teléfono celular la inquietante ejecución a manos de un pelotón de fusilamiento.

Woods, la espalda contra una pared, cojeando por un disparo anterior en una pierna, trata de atravesar lentamente el semicírculo de policías que le apuntan, hasta que un agente le bloquea el paso y le dispara. En los tres segundos siguientes se producen unos 20 disparos y Woods se desploma en la acera. La policía asegura que él llevaba un cuchillo, aunque esto no aparece del todo claro en el vídeo. Sin embargo, hay una cosa que está clara: Woods no estaba amenazando a nadie cuando fue abatido.

De los hippies a los hipsters: control policial de la Ciudad del Amor

San Francisco es conocida en todo el mundo por sus suaves vibraciones, sus políticas de izquierda, su enfoque del tipo “vive y deja vivir” en relación con el estilo de vida de los otros –salvo cuando se trata de los agentes de policía–. Para muchos de ellos, “vive y deja vivir” no parece valer para todas las personas, sobre todo para las comunidades morenas y, en un pasado no muy distante, tampoco para el colectivo LGBT. Por ejemplo, recuerdo la tristemente célebre ‘Razzia del Castro’ del 6 de octubre de 1989, cuando la policía respondió a una manifestación pacífica por una ley para financiar la lucha contra el sida mediante la ocupación de todo un barrio gay llamado ‘el Castro’ (por su principal calle comercial). Invadió bares y restaurantes y sacó a la calle por la fuerza a los parroquianos para golpearlos con sus porras.

Yo estaba trabajando a algunas manzanas de allí, en una campaña en apoyo de lo que hoy parece una pintoresca votación (que fracasó) cuyo objetivo era crear asociaciones domésticas en la Ciudad del Amor. De pronto, en nuestra oficina entró un hombre trastabillando, sangrando y gritando que la policía estaba cometiendo desmanes en el Castro. El SFPD había ido demasiado lejos y la ciudad acabó pagando 250.000 dólares (una miseria, incluso entonces) para hacer frente a una demanda popular presentada por las víctimas. Finalmente, un par de capitanes de policía fueron castigados, pero el jefe policial Frank Jordan no sufrió sanción alguna y continuó sirviendo como comandante entre 1992 y 1996. La Razzia del Castro podría ocupar un lugar más importante en los recuerdos y la historia de la ciudad si el terremoto de Loma Prieta no hubiese sacudido a San Francisco 11 días después.

El que una vez fuera un departamento mayormente blanco –al que los manifestantes acostumbraban cantar: “¡Fuera el racista, sexista y anti-gay SFPD!”– la fuerza de policía de la ciudad es ahora mucho más diversa. En este momento, mujeres, negros y personas abiertamente LGBT se visten de azul, pero el núcleo duro de la vieja guardia continúa ahí. Junto con él permanece una cultura aún dominante de sexismo, homofobia, racismo e impunidad. En 2015, unos cuantos mensajes de texto que involucraban por lo menos a 10 integrantes del SFPD fueron hechos públicos durante una causa contra uno de ellos, Ian Fruminger. Enviados entre 2010 y 2012, esos mensajes justamente revelaban las horribles actitudes de ese núcleo duro y cómo los acusados parecían sentirse autorizados a acabar con la vida de personas que según ellos lo merecían.

He aquí un ejemplo: Fruminger escribió a un oficial de policía amigo suyo, “Siento mucho tener que decirte esto, pero la amiga de mi mujer que está otra vez con sus hijos y su marido ¡es negra! Si fuera abogada, ¿debería yo estar preocupado?

El amigo contestó: “Coge tu pistola. Tenla a mano por si el mono vuelve a hacer de las suyas. Tumbar a un animal no es ilegal”.

“¡Bien dicho!” fue la respuesta de Fruminger.

Cuando la ciudad cesó a los oficiales implicados, un juez dictaminó que del departamento de policía había superado el límite legal para una acción disciplinaria.

No era la primera vez

De ninguna manera Mario Woods fue el primer hombre fusilado por la policía en mi ciudad de adopción. De hecho, en mi barrio hubo dos asesinatos de este tipo en los últimos dos años.

Alejandro (Alex) Nieto murió en Bernal Heights. Esto es cerca de mi casa, un parque en lo alto de una colina donde la gente va a correr, a menudo con su perro, y a fotografiar las gloriosas vistas de la ciudad que Herb Caen, columnista de San Francisco Chronicle, solía llamar la “Bagdad junto a la Bahía” para destacar su exotismo, mucho antes de que Iraq se convirtiera en una parte del Eje del Mal. Alex Nieto, alumno del instituto de la comunidad, era del distrito Mission, en buena parte poblado por hispanos e inmigrantes.

En la noche del 21 de marzo de 2014, se sentó en un banco de Bernal Heights para comerse un burrito antes de ir a trabajar. De su cinturón colgaba la pistola Taser que llevaba en su lugar de trabajo. Una llamada anónima al 911 informó de un hombre con una pistola y el SFPD respondió.

Por fin, en enero de 2016, los padres de Alex, Refugio y Elvira Nieto, demandaron por muerte ilegal al oficial de policía Greg Suhr, a 25 agentes de policías no identificados, y a la ciudad y condado de San Francisco. La fundamentación de la demanda expresa que cuando el hijo de ambos había terminado de comer su burrito y caminaba “tranquilamente” en dirección a la salida del parque, llegó la policía. Dos agentes de policía se parapetaron detrás del coche de patrulla mientras otros que, según testigos, llevaban armas largas tomaron posiciones detrás de Nieto. Uno de los agentes detrás del coche policial gritó “Alto”. Esto es, según el texto de la demanda, lo que sucedió después:

“En cuestión de segundos, se disparó una lluvia de balas al señor Nieto. Entre la voz de ‘alto’ y el inicio de los disparos no se oyó ninguna otra orden ni comunicación verbal. El señor Nieto cayó al suelo; después de una pausa de uno o dos segundos hubo una segunda ronda de disparos. Las balas policiales alcanzaron al señor Nieto en la frente y por lo menos otros nueve lugares de su cuerpo dejándole muy desfigurado y herido mortalmente.”

Los policías alegaron que Nieto les apuntó con su pistola Taser y que ellos tuvieron que matarle. Pero algunos testigos presenciales dijeron que él nunca amenazó a nadie. En lugar de eso –como dijera el sargento Fruminger– evidentemente aquellos policías decidieron “tumbarle” como si fuera un animal peligroso. El SFPD nunca identificó a los agentes involucrados en el asesinato de Nieto. Que se sepa, ninguno de ellos ha recibido sanción alguna. Los padres de Nieto continúan cuidando un pequeño altar en el sitio de Bernal Heights donde él murió.

La muerte de Amílcar Pérez López

El 26 de febrero de 2015, a pocas manzanas de donde yo vivo, dos policías de paisano le dispararon seis balazos por la espalda a Amílcar Pérez López, un guatemalteco de 20 años. La iglesia episcopal del distrito Mission a la que yo pertenezco está recogiendo dinero para ayudar a su familia. Gracias a los padres de Amílcar, los integrantes de la comunidad de la iglesia hemos sabido que él estaba en Estados Unidos trabajando sin papeles, que él aseguraba el único sustento para ellos y sus hermanos pequeños que había dejado en Guatemala. Gracias a su trabajo, él les había enviado dinero suficiente como para llevar la electricidad y el agua corriente a su casa de adobe con techo de paja.

El día que murió Amílcar, él había discutido con un hombre que quizá le haya acusado del robo de su bicicleta. Una vez acabado aquello, según la demanda civil presentada por sus padres contra la ciudad, él estaba yendo a su casa por la calle Folsom cuando fue abordado por dos policías de paisano, identificados en la demanda como Craig Tiffe y Eric Riboli. Ambos se “abalanzaron sobre Amílcar desde atrás”. Uno de ellos lo inmovilizó abrazándolo con fuerza. Amílcar hablaba muy poco inglés; es muy probable que no se diera cuenta de que se trataba de dos agentes de policía. Fuera como fuera, consiguió soltarse y echar a correr por la acera. Fue entonces cuando le dispararon.

La historia oficial del SFPD fue que él arremetió contra los dos policías con un cuchillo y ellos se vieron obligados a matarlo para salvar su propia vida. La historia podría haber funcionado si no hubiera sido por el abogado de la familia que encargó una autopsia privada, que fue realizada por el doctor A.J. Chapman, médico forense de Santa Rosa, California. Cuando el doctor Chapman recibió el cadáver, la ciudad ya había hecho su propia autopsia; sin embargo no había dado a conocer ningún informe. Chapman comprobó que Amílcar había recibido seis balazos desde atrás: cinco en el torso y el brazo derecho y uno en la nuca. Si él había recibido los disparos mientras atacaba a los policías, ¿cómo es que las balas le dieron desde atrás?

Debieron pasar cinco meses para que la Oficina Forense de la ciudad diera a conocer el resultado de su autopsia, cuya conclusión era la misma que la de la privada. ¿Cuál podría haber sido si los activistas no hubieran conseguido que se hiciera un informe privado e imparcial? No hay forma de saberlo.

¿Servidores públicos o ejército de ocupación?

Como consecuencia del asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri, en 2014, muchos blancos se encontraron de pronto ante una realidad que de ninguna manera era novedosa en la mayor parte de las comunidades de gente con piel morena, donde la muerte a manos de la policía era demasiado normal. Lo nuevo para el resto de los estadounidenses fue oír de repente acerca de los Eric Garner, Freddie Gray y Sandra Bland que morían prácticamente cada día en este país.

El resto de los estadounidenses está empezando a entender qué representa desde hace tiempo la policía para muchas comunidades de EEUU, desde Ferguson hasta Baltimore, desde el condado de Waller, Texas, hasta –sí, así es– San Francisco. La policía, lejos de ser vista como una ayuda y protección, es vista por muchos estadounidenses igual que como la gente que vive bajo regímenes corruptos y autoritarios ve a sus fuerzas de seguridad y ejércitos. La ven como una fuerza de ocupación, que no está allí para protegerles y servirles sino para amedrentarles y extorsionarles.

Muchos estadounidenses no están habituados a considerar a nuestros policías como extorsionadores; sin embargo, un informe de departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre la policía y los tribunales municipales de Ferguson publicado recientemente cuenta una historia bastante distinta. El DOC descubrió que los “funcionarios de la ciudad han establecido que la prioridad del organismo encargado del cumplimiento de la ley de Ferguson es una sistemática maximización de sus ingresos. La ciudad genera un importante y creciente beneficio económico de la aplicación de las disposiciones destinadas a hacer cumplir la ley”. La Harvard Law Review informó de que en 2013, había emitido más órdenes de comparecencia que el número de habitantes de la ciudad: 1,5 por cada ciudadano. El informe agrega:

“En Ferguson, los residentes que se atrasan en el pago de una multa y no acuden al tribunal después de emitida una orden de comparecencia (o llegan al tribunal después de que este haya cerrado, lo que muchas veces sucede solo cinco minutos después de la hora dispuesta para el inicio de la sesión del día) son multados nuevamente –con 120 o 130 dólares adicionales– y obligados a pagar unos honorarios de 50 dólares por la nueva orden de comparencia más 35 centavos por cada kilómetro que la policía deba recorrer para entregarla. Una vez detenido, quien no pueda pagar las multas o la posterior fianza (que suele ser igual al monto total de la deuda) es encarcelado hasta la próxima sesión del tribunal (que funciona tres veces por mes). Quien esté en prisión debe pagar entre 30 y 60 dólares por cada noche en la cárcel”.

Después de que el departamento de Justicia publicara el informe, la ciudad dejó pasar seis meses negociando con el DOJ acerca de una revisión completa de su policía y sus tribunales. Pero cuando los negociadores de Ferguson llevaron la propuesta de “decreto consentido” al consistorio de la ciudad, los ediles la rechazaron. Ahora, entonces, el departamento de Justicia ha anunciado que demandará a Ferguson para obligarla a realizar cambios que según insiste la ciudad costarán demasiado. “No se puede hablar de costo cuando se trata de mantener el orden de acuerdo con la Constitución”, dice la procuradora general Loretta Lynch. Tiene razón. Lo que no dice, dado que no tiene por qué hacerlo, es que el costo de una labor policial apartada de la Constitución implica comunidades saqueadas y un país dividido.

En muchos lugares es muy difícil obtener información sobre lo que pasa dentro de las fuerzas policiales porque están protegidas por una maraña legal. En California, una ley de 1978, suscrita por Jerry Brown en su primer gobierno, ha convertido en algo casi imposible saber cualquier cosa sobre cada uno de los agentes de policía implicados en las muertes de Alex Nieto y Amílcar Pérez López o si en su expediente laboral figura alguna queja o cargo anteriores.

El Modesto Bee informa que en el marco de esta ley “el legajo laboral de cualquier oficial de paz es confidencial, incluyendo los datos personales, ascensos, evaluaciones y ‘cualquier otra información cuya revelación podría constituir una injustificable invasión de la intimidad personal’. Solo un juez puede ordenar que se den a conocer en tanto formen parte de una causa penal o un juicio”.

Esto hace difícil, por ejemplo, saber si un agente de policía tiene antecedentes de quejas por brutalidad o, ciertamente, si todo un departamento de policía tiene antecedentes de esta índole. El abogado de derechos civiles y ex juez del Tribunal Supremo de California Cruz Reynoso le dijo al Modesto Bee que los ciudadanos que busquen información acerca de asesinatos policiales se topan con “un muro de silencio”.

En San Francisco, por fin pudimos conseguir que se liberara alguna información. En enero, la Oficina de Supervisores respondió a la presión de las bases organizadas votando por unanimidad el solicitar al departamento de Justicia que examinara el departamento de policía. Solo nos cabe esperar que cuando el DOJ haga público su informe sobre la policía de San Francisco, mi ciudad responda mejor que como lo hizo Ferguson. Nosotros necesitamos algo más que una limpieza general en el SFPD, empezando por la cima, el jefe Greg Suhr. A toda la comunidad –por cierto, a todo el país– nos haría bien replantearnos para qué tenemos una policía y qué es en realidad lo que queremos que ella haga. Un buen comienzo podría ser el dejar de fusilar a tantas personas.

Es posible que Herb Caen fuera más clarividente de lo que él suponía cuando llamó a San Francisco la “Bagdad junto a la Bahía”. Tal vez no deberíamos sorprendernos cuando las fuerzas de policía reclaman impunidad para los crímenes que cometen contra las comunidades de color en las que “sirven”. Los policías no hacen otra cosa –en pequeña escala– que lo que hace Estados Unidos en el escenario internacional cuando reclama el derecho de bombardear, invadir y ocupar a otros países, sin reconocer ninguna responsabilidad por la miseria humana que resulta de ese ejercicio.

* En relación con Beyoncé y su “apoyo” a la causa de los negros de Estados Unidos, véase la nota de Rebelión del 26/feb/16 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209349

Rebecca Gordon, colaboradora habitual de TomDispatch, es profesora en el departamento de Filosofía de la Universidad de San Francisco. Es autora de Mainstreaming Torture: Ethical Approaches in the Post-9/11 United States y de la obra de próxima aparición American Nuremberg: The U.S. Officials Who Should Stand Trial for Post-9/11 War Crimes (Hot Books, April 2016).

Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176107/tomgram%3A_rebecca_gordon%2C_murderous_police_in_the_city_of_love/#more

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, al traductor y Rebelión como fuente de la misma.

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